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    CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela reiteró la prohibición de desalojos forzosos ante la suspensión del pago de alquileres de vivienda principal y comercios en el marco de las nuevas medidas económicas para la protección de los ciudadanos durante la cuarentena por el nuevo coronavirus.

    "Esta medida tiene como objeto la suspensión temporal durante seis meses de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso comercial y vivienda principal (…) En consecuencia, queda terminantemente prohibidos los desalojos forzosos", detalló el vicepresidente sectorial del área Económica, Tareck El Aissami, desde el Palacio de Miraflores (sede de Gobierno).

    El Aissami ofreció detalles de las medidas económicas que había anunciado el pasado 22 de marzo el presidente Nicolás Maduro, entre las que ratificó la extensión del decreto de inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre, para la protección de los trabajadores que no pueden acudir a sus puestos de empleo por la medida de cuarentena nacional.

    El vicepresidente sectorial indicó que desde el anuncio de que el Gobierno asumiría el pago de nómina de las pequeñas y medianas empresas privadas, se han registrado 300 empresas en el sistema Patria (portal web por medio del cual el Ejecutivo realiza la asignación de bonos los ciudadanos).

    "Ya a esta hora ya hemos recibido más de 300 empresas que han cargado la lista de sus trabajadores e inmediatamente vamos a iniciar el depósito de un bono complementario de la nómina (…) A partir del día de hoy estamos emitiendo un bono Quédate en Casa a los más de seis millones de trabajadores", indicó.

    De igual manera, El Aissami anunció la exoneración de impuestos, tasas y aranceles a la importación de materia prima, para la producción de los sectores estratégicos de vital importancia para generar bienes y servicios.

    Además, reiteró que el Gobierno aprobó los recursos necesarios para garantizar la distribución de siete millones de cajas de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) hasta agosto de este año.

    El vicepresidente económico recordó que entre las medidas, está prohibido en los próximos seis meses, el corte de los servicios de telecomunicaciones como cables de televisoras, telefonía y cualquier medio de comunicación familia.

    El Gobierno venezolano también suspendió pago de capital e intereses de los créditos hasta por seis meses; así como la reclasificación de riesgo crediticio, para que no se vea afectada la reputación crediticia de los ciudadanos en esa nación caribeña.

    El Aissami exigió a Estados Unidos el levantamiento de las sanciones durante la pandemia del coronavirus, para permitir al Gobierno consolidar el sistema de protección de los venezolanos.

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