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    Joven, afrodescendiente, migrante y asesinado por la Policía. Suena a deja vu por sus características recurrentes en las Américas, solo que esta vez es probable que haya justicia: 24 años después del asesinato del uruguayo José Delfín Acosta Martínez, el Estado argentino reconoció por primera vez su responsabilidad y pidió su pena a la Corte IDH.

    José Delfín Acosta Martínez fue asesinado por la Policía argentina en 1996. El Estado reconoció el crimen 24 años después, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). "Para maravilla nuestra el Estado argentino está pidiendo su propia condena", dijo a Sputnik Myriam Carsen, abogada de la familia.

    Acosta Martínez tenía 32 años cuando fue asesinado. El 5 de abril de 1996 fue detenido en la calle por agentes de la Policía Federal y una hora y media después una ambulancia lo trasladó desde la comisaría donde había sido detenido, desnudo y agonizando, con varios huesos rotos. Murió en el camino.

    "Cuando a Argentina se le notificó del caso en la Corte IDH [en abril de 2019], presentó un escrito repitiendo la versión policial y judicial del año 96. Fue vergonzoso. Cuando llegó el momento de hacer el alegato [el pasado 10 de marzo], Argentina expresamente se desdice del escrito, dice que no representa la posición del actual Gobierno [de Alberto Fernández], que está comprometido con los derechos humanos y toma los hechos y las pruebas de nuestra presentación e informe. Reconoce todo", dijo Carsen.

    El caso 

    Según se detalla en la demanda realizada por Carsen ante la Corte IDH, la detención de Acosta Martínez se produjo mientras desayunaba en una confitería porteña junto a dos muchachos de nacionalidad brasileña, también afrodescendientes. Uno de ellos fue amenazado con un revólver y obligado a subirse a uno de los móviles policiales. Su hermano se quejó y automáticamente fue a parar al asiento de al lado. 

    Acosta Martínez también protestó: "Los están arrestando sólo por ser negros", les gritó. Lo metieron en otro móvil y fue detenido en otra comisaría. Eran las 7:30 de la mañana. A las 9:00, salió de ahí en una camilla; murió en una ambulancia rumbo al Hospital Ramos Mejía. Como en otros casos, la explicación oficial fue que Martínez Acosta estaba muy drogado y se autolesionó: los policías inventaron que se tiró de cabeza al suelo y que así se fracturó algunos huesos. 

    A pesar de la enorme perseverancia y lucha de su hermano Ángel y de la madre de ambos, Blanca Rosa Martínez, la detención y la muerte nunca fueron debidamente investigadas. "Simplemente se lo llevaron preso en una detención arbitraria porque había defendido a los afrodescendientes –dijo Carsen–, no había ninguna cuestión de otro tipo, había que levantar gente de la calle y se los llevaron", agregó. 

    En abril de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) subrayó ante la Corte IDH la responsabilidad del Estado argentino por la detención y el fallecimiento de Acosta Martínez.

    La CIDH estimó que las reglas que autorizan a la policía a detener a una persona pueden ser utilizadas de modo arbitrario "y con base en prejuicios y estereotipos respecto de ciertos grupos históricamente discriminados" si no se justifican las correspondientes garantía. "Con base en lo anterior, la Comisión determinó que la detención fue ilegal, arbitraria y discriminatoria", sentenció el organismo en aquel entonces.

    El pasado 10 de marzo la Corte IDH le tomó declaración del hermano de Acosta Martínez y demandante en este caso, a un testigo presencial de la detención, y a un perito. Luego se escucharon los alegatos de ambas partes.

    "Para maravilla nuestra el Estado Argentino reconoció todos los hechos, su responsabilidad, y le pidió a la Corte que determine cómo tiene que reparar lo que ha hecho y las medidas que tiene que tomar para que esto no vuelva a ocurrir. Está pidiendo su propia condena y se mostró dispuesto a aceptar lo que la Corte determine", aseguró Carsen. Esperan la sentencia de la Corte entre abril y mayo.

    Argentina ya fue condenada en 2011 por la Corte IDH por la desaparición forzada del joven mapuche Iván Torres en Comodoro Rivadavia, y en 2003 por el asesinato de Walter Bulacio, un joven de 17 años que estaba saliendo de un recital. Según Carsen, la brutalidad policial no ha disminuido, sino empeorado. 

    "Hoy hay una ola de migración senegalesa y africana que [sufren] altísimos niveles de persecución, detenciones arbitrarias… Entran a las casas de los senegaleses, porque la mayoría se las arregla haciendo ventas ambulantes, y les roban las cosas con el pretexto de que la venta ambulante no puede ser, es tremenda las cosas que les pasan", señaló.

    Reparaciones

    Carsen recordó que la familia no sólo pide una reparación económica, sino principalmente simbólica, y que se tomen medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir: se solicitó la apertura de una Comisión de la Verdad para que se investigue el caso y se condene a todos los policías implicados.

    Además, la querella también pretende que se analicen las actuaciones de los funcionarios judiciales y peritos que tuvieron en sus manos el expediente. Otro de los reclamos es que todos los sumarios internos de la fuerza, de aquí en adelante, sean públicos y que las comunicaciones de radio entre los agentes sean grabadas; que se eduque a los policías sobre cómo tienen que proceder en las detenciones y trabajar para erradicar el racismo

    En ese sentido, la familia también propuso emplazar un monumento en el Parque Lezama que dé cuenta de la lucha de los afrodescendientes. Carsen explicó que eligieron ese sitio porque es un "punto turístico pero casi nadie sabe que ese era el lugar de cuarentena de los esclavos cuando llegaban a Buenos Aires". 

    Etiquetas:
    abuso, afrodescendientes, racismo, Argentina, policía, Corte Interamericana de Derechos Humanos
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