"No es por hacerle un daño a la persona privada de libertad que no pueda recibir visitas; el tema es la circulación de gente en las unidades teniendo en cuenta la propagación de este virus y que la situación es con personas dentro de las unidades que tienen problemas respiratorios, con HIV, que son de riesgo, personas mayores; y obviamente eso puede venir de afuera", dijo a Sputnik el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe), Juan Nolasco.
Agregó que si la enfermedad infecciosa llega a una unidad "va a ser una locura".
El 16 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou anunció que los casos de COVID-19 en Uruguay suman 29, un aumento de 262,5% respecto a los ocho registrados el día anterior.
"En atención a la presente etapa del desarrollo de la pandemia del virus SARS-CoV-2 en Uruguay, la visita no será suspendida, sino que se aplicarán restricciones y controles a efectos de ordenar y preservar la salud de todas las personas previniendo el contagio del virus", consigna el protocolo, al que accedió Sputnik.
Más temprano, Nolasco participó de una reunión con las autoridades del Ministerio del Interior, del Instituto Nacional de Rehabilitación y representantes del Ministerio de Salud Pública, en la que los trabajadores penitenciarios expresaron su preocupación a los jerarcas.
Previo a la reunión, la Ofucipe presentó un documento a las autoridades en el que solicitan que se declare la emergencia penitenciaria, suspendiendo las visitas y la atención al público en todas las oficinas del país.
"Ellos no están de acuerdo en cortar la visita porque habría riesgo de motín, con lo cual no estamos de acuerdo, porque se puede hablar con las personas privadas de libertad y cuidar a los familiares y a ellos mismos", explicó el operador penitenciario.
Nolasco advirtió que la medida puede transformarse en "un mal mayor", porque en caso de que se registren presos afectados por el virus, "los establecimientos penitenciarios no tienen para brindar las condiciones" necesarias para el tratamiento.
"Parece que están buscando una solución para que no haya conflicto que puede terminar siendo peor; si empiezan a trasladar personas a los hospitales, obviamente que va a disminuir el personal, después puede pasar un motín, o no, pero que va a disminuir la cantidad de personas, va a disminuir", alertó Nolasco.
El sindicato también pidió que los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y otros funcionarios con factores de riesgo, puedan ausentarse de sus puestos de trabajo y permanecer en sus hogares.
Nolasco dijo a Sputnik que hasta el momento no hay presos sospechosos de tener el COVID-19, pero una operadora penitenciaria se encuentra en cuarentena luego de haber estado en España, y un policía fue internado en Sanidad Policial, donde lo han sometiendo a estudios tras presentar síntomas de la enfermedad.
Protocolo
El protocolo del Gobierno restringe las visitas a una sola persona por privado de libertad y establece además que las mismas se realizarán por turnos, "para evitar la aglomeración de gente" en los diferentes sectores de las cárceles.
Además, se realizarán controles de temperatura a todas las personas que ingresen a los centros, prohibiéndose la entrada a quienes tengan una temperatura igual o mayor a 37,5 grados Celsius, añade el documento.
También se dispondrán sectores de aislamiento en las unidades, consigna el protocolo.
El Gobierno decidió suspender además todas las actividades educativas en las cárceles, así como las religiosas, o cualquier otra "que aglomere a más de cinco personas en un ambiente cerrado", y se "estimularán" las actividades recreativas y deportivas que se realizan al aire libre.
"No conforma el protocolo, ya que no contempla ninguno de los puntos que propusimos", afirmó Nolasco.
