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El Gobierno uruguayo continuará búsqueda de detenidos desaparecidos

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Uruguay continuará la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos en la última dictadura (1973-1985) no solo por deber institucional sino por convicción, aseguró el ministro de Defensa, Javier García.
"Va a seguir la búsqueda. En eso nosotros somos auxiliares de la justicia, lo hacemos por que lo manda la ley y porque nuestra convicción dice que es lo que queremos hacer", dijo García, informó la web de Presidencia.

El ministro consideró que el tema de la búsqueda debe ser asumido con "mucha sensibilidad y enorme respeto" para encontrar la "unidad y paz de los uruguayos".

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El jerarca detalló que en el Batallón 13 queda un 15% de trabajo en área cautelada por el Poder Judicial y afirmó que luego comenzarán las excavaciones en el 14.

"Siguen las tareas, como corresponde, luego del batallón 13 serán en el 14. Nosotros somos auxiliares de la Justicia, lo hacemos porque lo manda la ley y porque nuestra convicción dice que es lo que queremos hacer", agregó.

Desde el opositor Frente Amplio (centroizquierda) se cuestiona al nuevo Gobierno, que asumió el 1 de marzo, ante su posición con respecto al pasado reciente.

El exministro de Defensa, José Bayardi, dijo el 19 de febrero a Sputnik que el nuevo Gobierno, liderado por una coalición de centroderecha, tiene contradicciones con respecto a la búsqueda de detenidos desaparecidos y la dictadura cívico militar (1973-1985).

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Hace unas semanas el futuro subsecretario de Defensa Nacional Rivera Elgue, dijo a La Diaria que si las Fuerzas Armadas "hubiesen actuado mal" en dictadura "tendría que haber muchos más desaparecidos".

El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que ni él ni el presidente Luis Lacalle Pou coinciden con la visión que expresó Elgue.

En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

En Uruguay existen 307 causas presentadas ante la Justicia por tortura, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestros y amenazas cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.

Sin embargo, solo el 3% de las denuncias terminaron en una sentencia, lo que significa que el 97% de los casos no se resuelven, señala el Observatorio Luz Ibarburu.

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