"Cada vez queda más claro que desde el Gobierno se está usando un falso discurso de quiebra de BoA, cuando los mismos trabajadores de esa empresa denuncian que las dificultades comenzaron en gran medida con la actual administración", dijo Copa a reporteros.
Aseguró que ésta es una de las razones por las que el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, será interpelado la próxima semana en una sesión bicameral de la Asamblea Legislativa Plurinacional (parlamento).
"Si el ministro rehúsa cumplir su obligación de presentarse ante el órgano legislativo a dar explicaciones, será censurado, igual que otros ministros que han pospuesto varias asistencias a interpelaciones", advirtió.
Copa hizo la declaración después de que las asociaciones de trabajadores de BoA pidieran el 4 de marzo la destitución del gerente de esa empresa, Juan Carlos Ossio, a quien responsabilizan de malas decisiones desde que asumió el cargo en noviembre pasado, tras la caída de Evo Morales y la autoproclamación presidencial de Áñez.
La líder del Senado, de las filas del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales, aseguró que ese partido "va a ejercer desde la Asamblea Plurinacional una defensa consecuente y enérgica de empresas públicas como BoA para que no sean privatizadas por el Gobierno transitorio".
El ministro Arias aseguró este 5 de marzo que el Gobierno de Áñez garantizará el funcionamiento de BoA, empresa creada en 2007 por Morales luego de la quiebra del Lloyd Aéreo Boliviano, histórica aerolínea que había sido privatizada en la década de 1990.
Añadió que el Gobierno mantenía en pie su decisión de apoyar una millonaria inversión para la compra de aviones y otras inversiones de BoA, empresa que llega a los nueve departamentos bolivianos y a destinos en Argentina, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y España.
El gerente Ossio denunció varias veces que BoA arrastra un déficit quinquenal de 50 millones de dólares.
Sin embargo, la aerolínea declaró utilidades los últimos años, pagando impuestos e incluso aportando al pago de un bono de asistencia escolar financiado con ganancias de las empresas públicas, según informes del pasado Gobierno de Morales.
