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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El reciente allanamiento de la casa presidencial de Costa Rica para investigar un supuesto espionaje a la población fue cuestionado por el líder sindical Albino Vargas, quien calificó el procedimiento de inédito, histórico y sospechosamente tardío.

    "¡Inédito e histórico! Vergüenza Patria. Allanan la Casa Presidencial por el escándalo de espionaje UPAD; allanamiento sospechosamente tardío, pero allanamiento al fin", dijo Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, en su cuenta de Twitter.

    ​El operativo realizado por el Organismo de Investigación Judicial tenía como objetivo decomisar documentación relacionada con la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada y casi de inmediato suspendida en medio de críticas y acusaciones de que su gestión limitaría las libertades públicas y los derechos humanos.

    Vargas agregó que la imagen del país sufre un duro golpe, y aventuró que crecerán las peticiones de que renuncie el presidente Carlos Alvarado.

    El mandatario insiste en que la UPAD fue creada para aplicar la ciencia y la estadística en los procesos de toma de decisiones y creación de políticas en beneficio de la ciudadanía, y negó que la información haya sido utilizada para otros fines.

    La Sección Anticorrupción del referido Organismo realizó en la mañana del 28 de febrero 10 allanamientos relacionados con la UPAD, como parte de la investigación en curso de los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

    El abogado Juan Diego Castro, quien interpuso a inicios de la semana una demanda contra Alvarado por este caso, calificó el operativo de un "ridículo y cínico show", pues pasó el tiempo suficiente para hacer desaparecer cualquier evidencia.

    "No tenemos nada que ocultar. El show lo hace usted (Castro) con su politiquería para su precampaña. Los datos obtenidos son para nuestro compromiso con los derechos humanos y la reactivación económica", replicó la UPAD en su cuenta de la red social Twitter.

    La diputada Paola Vega, del gobernante Partido de Acción Ciudadana, celebró en redes sociales el accionar de la fiscalía, que consideró "prueba fehaciente de un Estado de derecho con una sana separación de poderes".

    Alvarado ordenó el 23 de febrero detener las labores de la UPAD, en medio de críticas de diputados y voceros de la sociedad civil, que incluso reclaman la renuncia del mandatario por la creación de lo que algunos denominaron "la Gestapo tica".

    El decreto ejecutivo No. 41996-MP-MIDEPLAN, promulgado la semana pasada para crear la polémica UPAD, fue fustigado desde que salió a la luz por su presunto intento de limitar las libertades públicas y los derechos humanos.

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