"El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su desacuerdo con las declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos porque se alejan de la realidad que vivió y vive el pueblo boliviano. Llama la atención la subjetividad del informe", dijo la Cancillería en un comunicado.
El nuevo roce entre el Gobierno de Jeanine Áñez y dignatarios de la ONU se produjo tres semanas después de que el relator especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García-Sayán, expresara preocupación por "el uso de las instituciones judiciales y fiscales con fines de persecución política" en Bolivia.
La Alta Comisionada Bachelet expresó "preocupación por la imputación de decenas de antiguos altos cargos gubernamentales y personas relacionadas" con Morales, que enfrentan acusaciones de terrorismo, sedición y corrupción mientras permanecen detenidas, refugiadas en embajadas o exiliadas como el mismo exgobernante.
Bachelet anotó, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo local, que la crisis poselectoral del año pasado en Bolivia "causó al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos durante los operativos policíacos y militares" ordenados por Áñez.
"No aceptamos ese ataque contra Bolivia, porque representa también un ataque contra la democracia por la que el pueblo se ha manifestado", respondió la Cancillería, aludiendo a las protestas contra un supuesto fraude electoral que derribaron a Morales y dieron paso a la autoproclamación de la presidenta Áñez.
El comunicado agregó que el actual Gobierno de La Paz "está comprometido con la promoción y protección de los derechos humanos" e impulsará el funcionamiento de una "Comisión de la Verdad" compuesta por bolivianos y observadores internacionales, que será anunciada en las próximas semanas.
