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Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo defiende la legalización del aborto

© Pixabay / Free-PhotosMujer embarazada (imagen referencial)
Mujer embarazada (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La presidenta de la institución de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su apoyo durante una entrevista exclusiva con Sputnik a que el Congreso de Argentina sancione un proyecto de ley que consagre la interrupción voluntaria del embarazo.
"Yo lucho por la vida, creo que la vida de una mujer es valiosísima, lucho por la libertad del ejercicio de la mujer sobre su cuerpo, y su voluntad, porque tiene que ser así", sostuvo.

La titular de Abuelas reconoció la necesidad de que el Congreso consagre este año la legalización del aborto seguro y gratuito, una demanda liderada desde hace años en las calles por los movimientos feministas, dado que "no es posible que se mueran niñas por estar mal atendidas o por provocarse situaciones de muerte".

Silueta de una mujer (imagen referencial) - Sputnik Mundo
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"A nadie le gusta hacerlo (un aborto), no es gracioso, pero simplemente es necesario que no mueran mujeres que son madres porque no quieren tener más hijos, o que no se las ayude para que ese deseo personal sea cumplido gratuitamente, sin penalización, con todo lo que pide la ley", explicó.

La titular de Abuelas reconoció que es católica y que el abordaje de este asunto le cuesta "por la edad" que tiene, pero también aseguró no ser "cerrada, u obtusa".

"Entonces digo, caramba, hay que salvar la vida de una mujer antes que nada, estoy por la vida", sentenció.

El aborto es un delito en Argentina, pero el artículo 86 del Código Penal autoriza a interrumpir un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación fue producto de una violación.

Una mujer embarazada (archivo) - Sputnik Mundo
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El Ministerio de Salud del actual Gobierno de Alberto Fernández reglamentó un protocolo nacional para despenalizar el aborto en los casos que contempla la ley.

Trece de las 24 jurisdicciones del país se adhirieron a este protocolo o a otras normas que se ajustan a los criterios establecidos por el Ejecutivo para asegurar que los servicios de salud no denieguen la interrupción del embarazo a las mujeres que requieren un aborto bajo estas causales.

Pero el cumplimiento del artículo 86 y de los protocolos es objeto de una disputa permanente en el ámbito hospitalario y judicial para impedir que se realicen los abortos autorizados por la legislación.

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