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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, sancionó una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG), a pesar de una serie de demandas que consideraban inconstitucionales las reformas a la normativa impulsada por el oficialismo en el Congreso.

    "Decidimos sancionar la Ley de ONG porque Guatemala necesita transparencia. Los fondos públicos y de donaciones internacionales deben ser administrados correctamente. Los que no han hecho un buen uso de los recursos son los que están inconformes con esta regularización", expresó Giammattei en su cuenta de la red social Twitter.

    ​El mandatario afirmó que, hasta el 27 de febrero, ninguna de las demandas presentadas en la Corte de Constitucionalidad ha tenido resolución, aunque expresó su disposición a acatar los fallos dictados por esa institución.

    La normativa, identificada como el decreto 4-2020, restringe el financiamiento a los grupos sociales, advierte sobre su cancelación en caso de alterar el orden público y establece sanciones civiles y penales contra sus directivos.

    El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en Guatemala, Jordán Rodas, lamentó que Giammattei desoyera los múltiples llamados para no sancionar la Ley de ONG, la cual "violenta la libertad de asociación garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala".

    El diputado Aldo Dávila, quien acompañó la presentación de un amparo contra estas polémicas reformas, aseguró que las mismas afectan directamente a los grupos defensores de los derechos humanos y criminalizan a la sociedad civil.

    "Es una ley regresiva, que pretende criminalizar a las asociaciones civiles que le han sacado la tarea al Estado de Guatemala en acceso a la educación, la salud, el trabajo, la justicia, entre otros", afirmó Dávila, parlamentario del movimiento político Winaq.

    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la aprobación de estas reformas, sobre todo por las facultades que otorga al Ejecutivo para cancelar la personalidad jurídica de las ONG cuando se considere que realizan actividades contrarias al orden público.

    Etiquetas:
    Guatemala, ONG
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