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    RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Gobierno brasileño y el resto de autoridades regionales del país pusieron en práctica el año pasado la agenda del presidente Jair Bolsonaro contra los derechos humanos, según el informe anual de la organización Amnistía Internacional.

    En el capítulo dedicado a Brasil, la organización dice que el Gobierno federal y los gobiernos estatales "adoptaron medidas administrativas y legislativas con las que pusieron en práctica la retórica abiertamente contraria a los derechos humanos desplegada por el presidente Bolsonaro en la campaña electoral de 2018".

    Amnistía señala, por ejemplo, los decretos en materia de seguridad pública que contenían una definición de defensa propia "muy general e imprecisa" que podía usarse para justiciar excesos por parte de los agentes del Estado, las normas que flexibilizaron las leyes para la posesión y el transporte de armas, o las medidas que bloquearon la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-1985).

    En materia ambiental, la organización destaca que a día de hoy todavía no hay una política pública coherente de prevención de la deforestación, y que Bolsonaro "trató de socavar activamente los mecanismos de protección medioambiental", en referencia a promesas como las de abrir la Amazonía a más agricultura y minería.

    La organización recuerda que, según datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe), entre agosto de 2018 y julio de 2019 se perdieron 9.762 kilómetros cuadrados de Amazonía, un 29,54% más que en el periodo anterior, y que ante esta realidad, el Ministerio de Medio Ambiente no presentó planes ni objetivos concretos.

    También se critica la política hacia los pueblos indígenas, destacando que varias medidas gubernamentales aumentaron los riesgos que ya enfrentan, como retirar algunas de las competencias de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y que la supervisión gubernamental para evitar invasiones en tierras indígenas se redujo y en algunos casos es nula.

    Según el Consejo Indigenista Misionero, las invasiones en territorios indígenas pasaron de 96 en 2017 a 109 en 2018, y entre enero y septiembre de 2019 hubo 160 casos.

    Los homicidios de indígenas también aumentaron, pasando de 110 en 2017 a 135 en 2018, y la organización ve una tendencia al alza que hace temer por "cifras sin precedentes" en el balance final de 2019.

    ​Amnistía Internacional subraya que el Gobierno brasileño no adoptó medidas efectivas para castigar estos homicidios y "continuó criminalizando a las personas defensoras de los derechos humanos lo que generaba un clima de temor y hacía de Brasil un lugar todavía más peligroso".

    La organización remarca que la retórica del Gobierno impulsa ese clima y cita casos como las continuas críticas de Bolsonaro a ONGs (como cuando insinuó que estarían provocando los incendios de la Amazonía) o las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, atribuyendo a Greenpeace el vertido de petróleo que durante meses manchó la costa noreste del país.

    El informe también critica los abusos policiales en nombre de la llamada "guerra a las drogas", usando como ejemplo el estado de Río de Janeiro, donde tan solo entre los meses de enero y julio de 2019 la Policía Militar mató a 1.249 personas, un 16% más que en el mismo periodo de 2018.

    Finalmente, el informe habla de impunidad al recordar que el caso de la concejala Marielle Franco (asesinada en marzo de 2018) sigue sin respuesta, porque todavía no se logró averiguar quienes ordenaron el crimen, y expresa dudas sobre la posible implicación de la familia Bolsonaro.

    "Las autoridades rechazaron las alegaciones de que la familia del presidente Bolsonaro tenía vínculos con los responsables del homicidio; sin embargo, el retraso en resolver el caso alimentó la preocupación por la posibilidad de que destacadas figuras del Gobierno puedan estar implicadas ene el homicidio", dice Amnistía.

    Años atrás, uno de los hijos del presidente, el actual senador Flávio Bolsonaro, rindió homenaje y contrató a personas del entorno del expolicía militar y miliciano Adriano de Nóbrega, integrante del "Escritório do Crime", un grupo parapolicial considerado uno de los más peligrosos de Río de Janeiro y presuntamente vinculado al asesinato de la concejala.

    Etiquetas:
    derechos humanos, Amnistía Internacional, Jair Bolsonaro, Brasil
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