"El presidente Nayib Bukele puede vetar la propuesta, pero debe presentar una variante, o su veto habrá sido simplemente para quedar bien con las víctimas del conflicto armado: si quiere le ayudamos a preparar una ley coherente", dijo a esta agencia el exdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).
El próximo viernes vence la tercera prórroga concedida por la referida Sala a la Asamblea Legislativa (Parlamento), para que esta apruebe una nueva ley de Reconciliación, y el pasado lunes fue presentado un borrador elaborado sin la participación de las víctimas del conflicto, y cuestionado por propiciar la impunidad de los victimarios.
Para Cuéllar la suerte estaba echada desde que el diputado Mario Ponce, presidente de la actual legislatura, anunció la existencia de dicho anteproyecto y su convocatoria a sesión extraordinaria para someterlo a aprobación.
Cuéllas señaló que la nueva ley no establece castigos ejemplarizantes y proporcionales con las violaciones de los derechos humanos perpetradas tanto por la Fuerza Armada, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, como por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Por ejemplo, criticó los plazos de entre seis meses y un año establecidos para investigar y judicializar las denuncias de violaciones de los derechos humanos, lo cual afecta especialmente a las víctimas, que carecen de recursos para querellar.
"El objetivo de una sanción ejemplarizante es mandar un mensaje a los victimarios, que sepan que sus acciones tienen consecuencias: la impunidad no solo es falta de castigo, si no aplicar una pena que no esté acorde al tamaño del delito", insistió Cuéllar.
Varias investigaciones internacionales señalan que el conflicto en El Salvador dejó unos 75.000 muertos y desaparecidos, sin que los responsables hayan respondido ante los tribunales por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
