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    El Gobierno de Chile está buscando limitar las manifestaciones y la expresión de la gente durante el Festival de Viña del Mar, incluso intentando obtener datos privados a través de métodos de inteligencia, lo que va en contra de lo que debe ser un Estado de Derecho, dijo el analista de la organización Derechos Digitales, Pablo Viollier.

    "Las medidas que está tomando el Gobierno en el Festival de Viña buscan limitar la capacidad de los ciudadanos de expresarse y manifestarse, incluso advirtiendo que van a obtener los datos digitales de las personas que compraron la entrada al evento, algo que no se ajusta a lo que se entiende por Estado de Derecho", afirmó Viollier, quien es abogado y especialista en protección de datos personales.

    Este domingo 23 de febrero comenzará en Chile la edición 61 del Festival de Viña del Mar, el certamen musical más importante del país y uno de los eventos más mediáticos del año.

    Sin embargo, debido a la crisis social que atraviesa el país hace cuatro meses, muchos advierten que el certamen estará repleto de manifestaciones ciudadanas, algo que el Gobierno decidió controlar de antemano con una serie de medidas inéditas, muchas de las cuales han encontrado resistencia entre la población.

    La organización del evento ha estado, desde su creación en 1960, a cargo de la Municipalidad de la ciudad de Viña del Mar, pero este año por primera vez el Ministerio del Interior decidió intervenir en materia de seguridad, implementando medidas como detectores de metales en las entradas para los asistentes, prensa, equipos técnicos, prohibición de ingresar las clásicas pancartas y se dispondrá un perímetro policial especial en los alrededores de la Quinta Vergara, el edificio donde se lleva a cabo el festival.

    Además, la organización del evento emitió una advertencia para los humoristas que actuarán en el certamen, exigiendo que no hagan chistes "que imputen delitos a autoridades e instituciones", lo que fue calificado por algunos como "censura previa".

    Pero lo que más llamó la atención fue una entrevista al ministro de Interior, Gonzalo Blumel, publicada esta semana por la revista Capital.

    "Se están realizando procesos de inteligencia previos a través de la revisión de bases de datos creadas a partir de la compra por Internet de las entradas al festival, con lo que será posible verificar, identificar y hacer seguimiento a personas que podrían afectar al orden público", manifestó el funcionario.

    Las declaraciones generaron preocupación entre las organizaciones defensoras de los derechos digitales, y obligaron a la empresa encargada de la venta de entradas, Punto Ticket, a emitir un comunicado al respecto.

    "No hemos entregado ningún dato personal de los asistentes a Viña del Mar 2020, respetando la ley de protección de datos de carácter personal", manifestó la empresa, sin especificar si el Gobierno les había o no pedido esos datos.

    Proporcionalidad

    Viollier, quien también es profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, explicó a Sputnik que hay tres formas en las que el Gobierno puede obtener los datos digitales de las personas que compraron entradas al festival.

    El especialista sostuvo que la primera forma es que utilice algún mecanismo tecnológico, lo que es "muy difícil" porque PuntoTicket tiene un protocolo de cifrado de datos.

    "La segunda es que la Justicia inicie una investigación penal, pero es muy complicado, porque deberían realizarse juicios contra todas las personas que compraron y el Gobierno debería entregar antecedentes concretos de que todos ellos participaron en un crimen; algo muy difícil", señaló.

    Por último, dijo que la tercera opción, que a su entender es la más probable, es que "el Gobierno podría hacer diligencias utilizando la Ley de Inteligencia, y como las gestiones de esta índole son de carácter reservadas, no habría manera de enterarse".

    "Pero esto no corresponde, se necesita proporcionalidad para ejecutar acciones de inteligencia, debe haber una sospecha creíble de que va a haber un atentado o de que la seguridad del Estado está en peligro y acá no la hay, yo creo que esto solo demuestra el bajo compromiso del Gobierno con la privacidad de las personas", agregó.

    El monstruo va a despertar

    Durante la crisis social, todos los eventos masivos en Chile se han suspendido: la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre; la 25 Conferencia de las Partes (COP25) en diciembre y la final de fútbol de la Copa Libertadores, entre otros.

    Por ende, esta será la prueba de fuego para el Gobierno en cuanto a orden público, y así lo dijo a Sputnik Víctor Andaur, concejal del Partido Comunista (izquierda) de la ciudad de Viña del Mar.

    "El Gobierno tiene miedo porque el "monstruo" (como se le llama popularmente al público del Festival de Viña) se va a manifestar; el monstruo es el pueblo y si algo no le gusta va a despertar, y creo que en esta oportunidad lo hará contra el presidente, cantando 'renuncia (Sebastián) Piñera'", dijo.

    Sobre las voces que exigían que el Festival de Viña se cancelara debido a la crisis social, Andaur afirmó que "la Quinta Vergara es un recinto cerrado, peligroso, y posiblemente no estén las condiciones (para realizarlo), pero acá hay contratos y mucha plata de por medio".

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