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    Los aumentos en las jubilaciones argentinas anunciados por el Gobierno de Alberto Fernández benefician a la mayoría de las personas mayores que cobran el ingreso mínimo. Sin embargo, una gran porción percibirá un incremento menor del esperado. Inscripto en un escenario de crisis financiera del Estado, se anticipan nuevos reclamos judiciales.

    Aproximadamente 40 % de la población de adultos mayores en Argentina se verá afectada negativamente por el aumento en las jubilaciones decretado por el Gobierno, lo cual abre la puerta a reclamos y posibles litigios, a pesar de que al mismo tiempo beneficia al 60 % de la población pasiva, que recibe el monto mínimo de haberes.

    Desde diciembre de 2019 la fórmula de actualización automática para el cálculo de aumentos en las jubilaciones fue suspendida por un plazo de seis meses, en el marco de un plan de emergencia económico ante la crisis financiera del Estado.

    Durante enero y febrero, los jubilados que perciben los haberes mínimos recibieron una bonificación exclusivamente temporal que elevó el piso del mínimo de 14.068 pesos (225 dólares) hasta alcanzar los 19.068 pesos (305 dólares) mensuales, sin subas para todos los que cobran por encima de esta última cifra.

    A partir de marzo, todas las jubilaciones recibirán un aumento de 2,3 % más una suma fija de 1.500 pesos (24 dólares). Quienes cobran el mínimo —que sigue siendo de 14.068 pesos— recibirán 1,5 % más de lo que hubieran obtenido según el cálculo que estaba vigente durante el Gobierno anterior de Mauricio Macri, que hubiera sido de 11,5 %.

    El problema es que todos aquellos jubilados por arriba de 16.300 pesos (258 dólares) recibirán un aumento menor al que hubieran obtenido según la fórmula ahora en suspenso. Esta se calculaba tomando en cuenta el 70 % de la variación trimestral del índice de inflación sumado al 30 % de la evolución de los salarios.

    Esta fórmula había sido modificada y aprobada en 2017 durante el mandato de Mauricio Macri (2015-2019), y en su momento provocó graves disturbios frente al Congreso y muchas quejas de parte de los jubilados porque fue aplicado en retroactivo, lo que provocó una disminución promedio de 7 % en todos los haberes en comparación al cálculo que se usaba anterior a esa fecha, que era menos dependiente del índice de precios.

    La principal queja hacia el nuevo decreto de necesidad y urgencia del Gobierno de Alberto Fernández es que los aumentos disminuyen más cuanto mayor sea la jubilación: alguien que cobra 20.000 pesos (317 dólares) tendrá un aumento de 10 %, es decir, 1,5 % menos que el 11,5 % que hubiera recibido si no se hubiera suspendido la fórmula anterior; mientras que alguien que recibe 100.000 pesos (1.587 dólares) recibirá un incremento de 3,5 %, un 7 % menos que lo esperado.

    Medida cautelar y acción colectiva

    "Vamos a plantear una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del decreto y, de no prosperar, pediremos que se expida la Corte Suprema de Justicia", dijo a Sputnik Eugenio Semino, titular de la Defensoría de la Tercera Edad, quien anunció que habilitó una adhesión voluntaria a una acción colectiva legal para detener la suspensión de la ley de movilidad.

    A pesar de que tiene carácter temporal y fuera aprobado por el Poder Legislativo, Semino argumentó que el mecanismo adoptado por el Gobierno es discrecional y que se trata de una medida anticonstitucional y viola tratados internacionales de protección a las personas mayores por tratarse de "derechos adquiridos".

    "Se han acercado alrededor de 2.000 personas a la defensoría y esto está pasando en otras ciudades del país", comentó Semino, que calculó que hasta dos millones de jubilados y pensionados estarían en condiciones de iniciar reclamos y eventualmente demandas.

    Inclusión vs. sustentabilidad

    La dificultad para resolver la sustentabilidad del sistema previsional es recurrente en todos los países de América Latina. Debido al aumento de la expectativa de vida de la población y la gran cantidad de trabajo informal, cada año disminuye la proporción de personas activas frente a las pasivas.

    En Argentina, durante los tres mandatos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) se llevó adelante el Plan de Inclusión Previsional, que duplicó la cantidad de personas que reciben jubilaciones porque incorporó al sistema a millones que no habían realizado aportes y que pudieron percibir una jubilación accediendo a una moratoria en la cual debían pagar una cifra muy baja.

    Por esa razón, en la actualidad hay aproximadamente seis millones de jubilados en Argentina y poco más de nueve millones de asalariados y empleados públicos en el sistema formal que realizan aportes, por lo que se entiende que el sistema no sea autofinanciable.

    Aplanar la pirámide

    Billetes de cien pesos argentinos
    © Foto : Pixabay/elluisx
    Billetes de cien pesos argentinos

    La situación de los jubilados en Argentina es crítica ya que son la población más vulnerable, por su inactividad, a los estragos que produce en el poder adquisitivo la inflación endémica, que tan solo en 2019 fue de 54 %.

    La decisión adoptada esta semana por el Gobierno pretende achatar la pirámide o curva jubilatoria al reducir la brecha entre los que cobran el mínimo y aquellos que perciben montos más altos, haberes que se corresponden directamente al hecho de haber aportado más al Estado durante toda su vida profesional, ya sea porque trabajaron más años o porque tuvieron sueldos más altos.

    Se trata en muchos casos de personas de clase media que no reciben cifras millonarias ni jubilaciones de privilegio, como las que tienen jueces y altos funcionarios, sino que son mujeres y hombres que reciben haberes de 20.000 o 30.000 pesos (317 o 476 dólares), cuando en Argentina la línea de pobreza se establece según cálculos oficiales en 40.373 pesos (640 dólares) para una familia tipo (dos adultos y dos niños).

    El presidente anunció en las últimas semanas medidas que buscan mejorar la situación de las personas mayores más vulnerables: un listado de 170 medicamentos fundamentales que serán entregados gratuitamente, el aumentos de 13% a los haberes mínimos, un sistema de devolución del 15 % del IVA para los jubilados con menos ingresos, además de ofrecer la canasta básica a precios accesibles.

    El Gobierno aclaró que la suma fija de 1.500 pesos (24 dólares) será por beneficio y no por beneficiario, lo que quiere decir que si alguien cobra una jubilación y además una pensión por viudez, invalidez o discapacidad, recibirá 3.000 pesos (48 dólares) además del aumento de 2,3 %.

    Se desconoce todavía cuál será la nueva fórmula para el cálculo automático de jubilaciones que aplicará la gestión de Alberto Fernández cuando venza el plazo de la suspensión.

    Etiquetas:
    aumento, Alberto Fernández, Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), jubilación, jubilados, seguridad social, Argentina
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