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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El paquete de medidas anunciadas por el Gobierno electo de Uruguay que asumirá el 1 de marzo, que se presentará al Parlamento como proyecto de ley de urgencia, generará un mayor conflicto social que podría desencadenar en protestas como las que se observaron en América del Sur el año pasado, dijeron expertos a Sputnik.

    "El nivel de conflicto social puede aumentar a partir de la presentación de la ley de urgente consideración y tiene que quedar claro que esa agudización de la lucha que va a haber no es porque así se lo proponga la izquierda o el movimiento popular, sino porque acá hay una ofensiva grandísima de la coalición de derecha", dijo a Sputnik el diputado por el Frente Amplio (centro izquierda), Gerardo Núñez.

    La coalición de partidos de centroderecha que apoyan al presidente electo Luis Lacalle Pou presentó el 22 de este mes un proyecto de ley de urgente consideración con 457 artículos que modifican aspectos de seguridad, educación, economía, empresas públicas y relaciones laborales, entre otros.

    La propuesta generó rechazo de movimientos sociales y del todavía gobernante Frente Amplio, que señalan que implica un retroceso en diversas áreas.

    El politólogo uruguayo e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Pablo Álvarez, dijo a Sputnik que "lamentablemente" es probable que Uruguay viva en los próximos meses "grandes movilizaciones" en repudio al paquete de medidas del próximo Gobierno.

    "Creo que sí vamos a vivir grandes movilizaciones, algunas de ellas que ya vienen ocurriendo hace varios años, como puede ser el 8 de marzo o el 1 de marzo; el talante de esas movilizaciones puede variar en función de la actitud que puede adoptar el futuro Gobierno", agregó.

    El presidente de la central unitaria de trabajadores PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a Sputnik el 1 de febrero que el movimiento sindical está armando un "frente social" contra la ley de urgente consideración y que no descarta la posibilidad de un referéndum.

    Asimismo, la vicepresidenta, Lucía Topolansky, dijo el 3 de febrero al diario La República que los legisladores del Frente Amplio estarán "constantemente" llamando a los nuevos ministros al Parlamento.

    "Vamos a estar constantemente llamando a los nuevos ministros al recinto, y eso va a ser complicado para ellos, lo lamento, pero si la ley entra el 3 de marzo, el 19 o 12 de marzo se va a estar llamando a todos los ministros, y es una pena porque cuando tienen que estar organizando su cartera, van a tener que estar en el parlamento; pero bueno, el grupo multicolor que dirige el país lo decidió así y tienen la libertad de hacerlo", afirmó.

    Por su parte, Núñez advirtió a Sputnik que Uruguay puede vivir protestas como las que ocurrieron en otros países, porque además de la ley de urgente consideración, se estará discutiendo el presupuesto y los consejos de salarios.

    "En Uruguay puede haber protestas como las que ocurrieron en otros países; la conflictividad va a ser muy alta porque no olvidemos que además del proyecto de ley de urgente consideración, se va a estar discutiendo el presupuesto de este año y los consejos de salarios, es realmente un combo muy grande, donde se viene el ajuste contra los trabajadores y el pueblo uruguayo", reflexionó.

    El año pasado en Chile, Bolivia y Ecuador se presentaron masivas protestas contra los gobiernos e incluso en algunos de esos países las fuerzas policiales y militares salieron a las calles para frenar las manifestaciones, lo que generó decenas de muertos y cientos de heridos.

    También decenas de personas fueron detenidas, entre ellas dirigentes opositores señalados por las autoridades de instigar actos contra el estado de derecho.

    Razones contra ley

    Álvarez sostuvo que la ley de urgente consideración restringe el derecho a huelga, sobretodo porque plantea la "ilegalidad de los piquetes" y la limitación de la negociación colectiva.

    En el proyecto de ley se afirma que "toda medida de huelga deberá ejercerse de forma pacífica, sin perturbar el orden público y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección a entrar en los locales de la empresa".

    Además, sostiene que el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a la huelga cuando no cumpla con las condiciones establecidas.

    Por otro lado, Álvarez sostuvo que los cambios que se plantean en la educación, sobre todo en lo que tiene que ver con la participación docente del Consejo Directivo Central y cuando se desintegran los Consejos de Educación, pueden generar resistencia en los gremios estudiantiles y los sindicatos docentes.

    Álvarez y Núñez coincidieron que el proyecto es una "criminalización de la protesta".

    "Sabemos que hay sectores dentro de la coalición multicolor que ven con muy malos ojos la movilización y el protagonismo popular; de hecho se está proponiendo en ese proyecto de ley la criminalización de la protesta social y eso no va a hacer otra cosa que generar más respuesta y movilización, porque hay derechos que son constitucionales, que se han construido a lo largo de décadas, que no estamos dispuestos desde el Frente Amplio y desde los movimientos sociales que sean recortados por un Gobierno neoliberal", afirmó Núñez.

    Ambos señalaron que en el proyecto existe una "impronta privatizadora" con respecto a la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, que puede generar rechazo por parte de los movimientos sociales.

    El proyecto plantea la "desmonopolización" de la importación, exportación y refinación de combustibles.

    Para el cumplimiento de estas actividades, la empresa estatal Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland "podrá constituir una sociedad comercial", que actuará "bajo los mecanismos de contralor regulados" en la ley de sociedades anónimas con participación de Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

    Álvarez señaló que esta propuesta es similar a la que ocurrió durante el Gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), donde se presentó una ley de privatización de las empresas públicas, que fue anulada por el plebiscito de 1992.

    El nuevo Gobierno asumirá el 1 de marzo, tras 15 años de administraciones del Frente Amplio.

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    protestas, Uruguay
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