"Presentamos un amicus curiae para evitar que retornen los TBI ya que la el art. 422 de la Constitución (Política) prohíbe esto, lo que se ratificó en 2017 por parte de la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional", dijo el jueves Pablo Iturralde director del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES).
El recurso fue presentado en conjunto con el denominado Observatorio de la Dolarización, integrado por varias organizaciones sociales
En Ecuador, el 87% de las demandas a través de los TBI fue resuelto a favor de las corporaciones internacionales, lo que tuvo un costo de 1.500 millones de dólares para todos los ecuatorianos, y que hay demandas contra este país por unos 13.410 millones de dólares.
Durante su gobierno el expresidente Rafael Correa (2007-2017) dio por terminados 16 TBI.
En 2018, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó ante la Corte Contitucional un pedido de interpretación que podría dar nuevamente luz verde a los TBI.
A ese pedido se sumó un amicus curiae presentado por la Cancillería y el Ministerio de Producción y Comercio Exterior con el mismo objetivo.
La Corte aún no emite un pronunciamiento.
