"Esta iniciativa cuenta con una contribución financiera de cuatro millones de euros por parte de la Unión Europea", dijo Acnur en comunicado enviado a la prensa extranjera acreditada.
El proyecto está destinado a promover "la integración socioeconómica de personas refugiadas y desplazadas por la fuerza en México, Costa Rica y Honduras".
El canciller Marcelo Ebrard informó a finales de enero al Senado que las solicitudes de refugio se multiplicaron en 2019 por más de diez, al pasar de 6.000 a 70.000 en un año.
Esta semana, el jefe de la diplomacia mexicana reportó que la política de contención migratoria acordada con EEUU permitió reducir los cruces de indocumentados en la frontera norte de México casi un 75%, entre junio de 2019 y enero pasado, de unos 144.000 a 36.200 personas detenidas en el país vecino.
En busca de la inclusión
Al financiar este proyecto, la UE refrenda su compromiso de "ayudar a México y a la región en el fortalecimiento de sus políticas migratorias para que, en el corto y mediano plazo, los países puedan beneficiarse de los aspectos positivos de la migración", dijo en la declaración escrita Jean-Pierre Bou, encargado de negocios de la UE en México.
El proyecto conjunto busca fortalecer los servicios públicos de empleo, robustecer la capacitación técnica y profesional para el acceso a medios de vida.
"En los procesos ordenados de integración de las personas refugiadas todos ganan: las personas refugiadas, los empleadores y la sociedad", aseguró por su parte Mark Manly, representante del ACNUR en México, según el informe.
El proyecto busca fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos para mejorar las políticas, programas y servicios necesarios para que las personas refugiadas y desplazadas internamente tengan "acceso al empleo, al autoempleo y a la protección social de manera sostenible y digna".
Funcionarios del organismo de la ONU, del Gobierno mexicano y autoridades locales, "ha acompañado a más de 6.700 personas refugiadas integradas eficazmente en ciudades del centro-norte del país", dice el reporte.
En tanto, otras 59.197 personas solicitaron la condición de refugiado en Costa Rica en 2019, la mayoría nicaragüenses con títulos profesionales o técnicos y capacidades para integrarse rápidamente en el sector laboral del país.
Asimismo, se calcula que 247.090 hondureños se desplazaron por la violencia u otras violaciones de derechos humanos desde 2003.
En 2019, la cifra de retornados hondureños con necesidades de protección alcanzó las 109.185 personas.