"La prohibición de que haya familiares en el servicio público no existe, no hay ningún atenuante que diga que, siendo yo asambleísta, no puede haber una persona en el servicio público", afirmó Arteaga en rueda de prensa.
La legisladora, del movimiento Alianza País, señaló que varios de sus familiares tienen cargos desde 1996 en instituciones públicas de Manabí (noroeste), provincia de la que es oriunda, y en ese año ella no era parte de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral).
Arteaga fue elegida legisladora en representación de su provincia en las elecciones generales del 19 de febrero de 2017, durante la primera vuelta presidencial.
También presentó declaraciones de excolaboradores de la legisladora que aseguran haberle entregado dinero a cambio de nombramientos.
Según el denunciante, todo esto configuraría el delito de gestión de cargos públicos que podría desembocar en la destitución de Arteaga.
Arteaga añadió que las acusaciones en su contra sobre presuntos cobros a excolaboradores también carecen de sustento y aseguró que rebatirá con prueba.
