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    QUITO (Sputnik) — Karina Arteaga, legisladora oficialista y presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional de Ecuador fue denunciada por presuntos cobros indebidos a excolaboradores y supuesto tráfico de influencias.

    "Si para laborar en el despacho de determinada asambleísta se cobraban recursos, y esos recursos eran recibidos en su cuenta o en las de sus familiares, evidentemente se configura la infracción de gestionar cargos públicos", dijo a medios locales Fabricio Villamar, legislador independiente tras presentar la denuncia en la Secretaría de la Asamblea ecuatoriana.

    La denuncia se basa en acusaciones sobre presuntos cobros indebidos, formuladas por tres excolaboradores de Arteaga en la Fiscalía de la Nación, indagaciones realizadas en la provincia de Manabí (noroeste), de donde es oriunda la legisladora, y en vídeos posteados por uno de los supuestos favorecidos, así como en publicaciones de medios de comunicación.

    Según Villamar, la legisladora del oficialista partido Alianza País habría gestionado al menos media docena de cargos en entidades públicas como el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras, para favorecer a familiares y allegados.

    De comprobarse, las denuncias presentadas en contra de Arteaga constituyen una causal de destitución, establecida en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

    En noviembre de 2018 dos legisladoras (una del oficialismo y otra de la oposición) fueron destituidas por supuestos cobros de "diezmos" a sus colaboradores, a través de depósitos en cuentas personales o de familiares de las exasambleístas.

    La acusación presentada contra la Presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea ecuatoriana deberá ser conocida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), organismo que deberá nombrar una comisión multipartidista para sustanciar el proceso.

    La comisión deberá para revisar las pruebas de cargo y de descargo, y emitir un informe en el que puede recomendar ya sea el archivo de la denuncia o que ésta pase al pleno de la Asamblea, donde se decidirá —por votación— la destitución o la continuidad de la legisladora en el cargo.

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    Ecuador, tráfico de influencias
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