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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay puede ser la piedra en el zapato de la futura coalición de Gobierno debido a que existen diferencias "profundas" entre los partidos políticos que la integran, según un relevamiento realizado por Sputnik.

    "La instalación de una nueva planta de celulosa por la firma finlandesa UPM puede generar un conflicto en la interna de la coalición e incluso un problema de co-gobernanza, ya que desde el arranque pueden tener divergencias profundas sobre temas claves como desarrollo económico y sustentabilidad ambiental", dijo a Sputnik la politóloga, Alexandra Lizbona, profesora de la Universidad de la República.

    UPM confirmó el 23 de julio de 2019 que construirá una nueva fábrica de celulosa en el departamento de Durazno (centro) por una inversión de 2.700 millones de dólares; las obras comenzarán a mediados de 2022.

    El acuerdo fue firmado con el actual Gobierno de Tabaré Vázquez, del Frente Amplio (centroizquierda), y representantes del nuevo mandatario, electo en noviembre pasado, Luis Lacalle Pou, ya han adelantado que cumplirán con el contrato.

    Lacalle Pou, del Partido Nacional (centroderecha), ganó las últimas elecciones tras una alianza electoral con el Partido Colorado (centroderecha), Cabildo Abierto (derecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).

    Las cinco fuerzas políticas conformaron la denominada "coalición multicolor" que gobernará a partir del 1 de marzo.

    Sin embargo, líderes de Cabildo Abierto han cuestionado duramente el proyecto de UPM, mostrando así las primeras grietas en la coalición.

    Eduardo Lust, diputado electo por Cabildo Abierto, dijo a Sputnik que el proyecto es una "gran estafa" y la mayor "venta de soberanía" de la historia del país.

    Además, aseveró que políticos uruguayos de todos los partidos, incluido el canciller designado Ernesto Talvi, del Partido Colorado, y varios intendentes (alcaldes) tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, "trabajan" para UPM.

    "Muchos políticos trabajan para UPM; por ejemplo, Talvi dijo que todos somos UPM, o sea, él trabaja para esa empresa (...) Lo que piense el futuro presidente Luis Lacalle Pou no me interesa (...) Este Gobierno, los intendentes de Durazno, Carmelo Vidalín, de Florida [centro], Carlos Enciso, de Canelones [sur], Yamandú Orsi, y de Montevideo, Daniel Martínez, se vendieron, no sé cuál fue el precio, pero es la única explicación a este contrato fraudulento", dijo a Sputnik Lust.

    El diputado aseveró que aún no ha hablado con las autoridades electas, pero que "todo el mundo sabe" lo que piensa.

    Consideró que los empresarios en Uruguay "tiran tres dólares y la gente se tira de cabeza" y volvió a repetir que le "tiene sin cuidado" lo que piense Talvi u otros políticos de la coalición.

    Según el diario El País, Lacalle Pou aseguró que respetará los acuerdos de inversión a pesar de que le gustaría añadirle cambios; mientras que Talvi afirmó el 7 de diciembre que la coalición respetará lo firmado con UPM porque eso significa una "señal al mundo".

    Las razones contra UPM

    El proyecto de UPM busca producir entre 1,9 millones y 2,4 millones de toneladas anuales de celulosa a partir de madera en una central instalada en régimen de zona franca.

    La inversión es vista por las autoridades como un necesario impulso para la economía de este país sudamericano, cuyo crecimiento se mantiene desde hace 15 años, pero ha enlentecido.

    Una de las condiciones excluyentes de UPM para instalar su segunda planta de celulosa fue que el Gobierno realizara la línea de ferrocarril que unirá la ciudad de Paso de los Toros (centro) con Montevideo.

    Por su parte, Lust dijo a Sputnik que su objetivo es no solo frenar el ferrocarril sino que también la planta de celulosa, impidiendo que el Gobierno expida permisos ambientales.

    Sostuvo que 40.000 personas están siendo perjudicadas por el tren; debido a que su recorrido pasa por sus propiedades, lo que implica "la entrega de soberanía más grande que se recuerde de la historia uruguaya".

    El diputado alcanzó hace unos días la cantidad de firmas necesarias para iniciar un proceso en la Junta Departamental de Durazno, Florida y Canelones, que podría frenar la construcción del ferrocarril central.

    "Esta planta es absolutamente ilegal, principalmente porque en la Constitución se estipula que se puede exonerar tributos a las empresas por 20 años, en cambio, Uruguay firmó por 50", sostuvo el diputado.

    Por otro lado, el diputado afirmó que el Gobierno le da a UPM el manejo de la represa del Rincón del Bonete, que está ubicada en el Río Negro (centro) y que tiene el embalse con mayor capacidad del país, debido a que necesita 110 millones de metros cúbicos de agua por día para diluir los ácidos.

    Además, otra de las condiciones del contrato es que Uruguay debe construirle a UPM una línea de conexión eléctrica que sale 150 millones de dólares y la empresa finlandesa obliga a que el Estado, durante 20 años, le compre toda la electricidad que le sobra, explicó el diputado.

    "Le piden a Uruguay que les compre a 72 dólares el megavatio cuando en el mercado internacional vale 25 dólares; esto es una estafa tremenda (...) Además, el tren va a ir desde Montevideo a Paso de los Toros en 20 frecuencias diarias; llevará 22 vagones cisternas con 44.000 litros de ácidos cada vagón (...) Recordemos que en 2015 descarriló un tren de una papelera en Australia y que por un vagón provocó la evacuación de 9.000 personas por la nube tóxica que provocó", agregó.

    Rol de Cabildo Abierto

    Lizbona consideró que hasta el momento no están dadas las condiciones para que Lust pueda tener un veto real sobre la planta, pero sostuvo que su posición puede generar "malestar y desconfianza" dentro de la coalición multicolor.

    "La posibilidad que caiga UPM es baja, porque se formaría una mayoría extraña con el Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado; pero lo cierto es que si una coalición ya arranca de esta manera, no da certeza de lo que puede venir después", reflexionó la especialista.

    Afirmó que Cabildo Abierto siente desconfianza hacia las inversiones extranjeras, lo que significa una "diferencia muy clara" con el herrerismo (sector del Partido Nacional), que es "liberal" y defiende la apertura comercial.

    Por otro lado, Cabildo Abierto necesita empezar a mostrar liderazgo y seguir acumulando un espacio en la arena política, explicó.

    "Ellos durante estos cinco años van a estar haciendo campaña; mi hipótesis es que el primero que se va a caer de la coalición es Cabildo Abierto", sentenció.

    Cabildo Abierto es un partido de fuerte componente militar que se presentó por primera vez en marzo del año pasado y alcanzó más del 10% de los votos en las elecciones de octubre.

    Etiquetas:
    celulosa, coalición, planta, Uruguay
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