"Cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno Nacional hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó", indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.
El texto resalta que el pedido de Merlano ante la administración de Guaidó se da debido a que Colombia "no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con... Nicolás Maduro".
En la tarde del 27 de enero, versiones de la prensa colombiana indicaron de la captura de Merlano, pero Interpol Venezuela y la Brigada Contra las Organizaciones Criminales (CICPC) del estado Zulia, al cual pertenece Maracaibo, desmintieron esa información.
Horas más tarde, la Fuerza de Acciones Especiales de Venezuela (FAES), Policía élite creada por Maduro en el 2017, anunció la detención de la excongresista colombiana.
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Merlano, quien permanecía recluida en la cárcel de mujeres de Bogotá El Buen Pastor, se fugó de sus custodios por una ventana el pasado 1 de octubre mientras asistía a una cita odontológica en un consultorio en el norte de la ciudad.
La exsenadora fue condenada recién por la Corte Suprema de Justicia, que le impuso quince años de cárcel por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, en calidad de coautora y tenencia ilegal de armas.
En la diligencia judicial los agentes encontraron 268 millones de pesos en efectivo (unos 76.570 dólares) y documentos que dejaban ver que la campaña de Merlano excedió el tope de gastos permitido, así como también registros de los votos comprados, entre otros documentos que demostraban el ilícito.
Merlano perdió su escaño en el senado y fue recluida en prisión, donde atentó contra su vida.
