"El comunicado es parcial y poco objetivo ya que objeta la acción del Estado por hechos aislados acaecidos en octubre de 2019, que aún se hallan en investigación", dijo la Cancillería del país andino en un comunicado.
El texto añadió que el informe de la CIDH a la par "minimiza la responsabilidad de actores y grupos organizados por el severo contexto de violencia que afectó a millones de ecuatorianos, cuyos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estuvieron en riesgo".
El pasado 14 de octubre, en su informe sobre su visita a Ecuador, entre otras cosas, la CIDH instó al Gobierno de Lenín Moreno a que investigue y sancione a los responsables de la violencia y excesivo uso de fuerza durante las manifestaciones de octubre pasado, y pidió establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
El comunicado de Cancillería cuestiona que "sin atención a la normativa aplicable", la CIDH refiere (en su informe) testimonios de hechos sucedidos en octubre, les da el carácter de "cosa juzgada y se pronuncia de modo precipitado sobre cuestiones que aún están siendo investigadas por los órganos de justicia ecuatorianos".
Destaca que la fuerza pública no usó armas de fuego sino procedimientos antidisturbios para controlar a los manifestantes, y asegura que en octubre la mayoría de ecuatorianos fue víctima de violencia desmedida propiciada por individuos y grupos organizados que buscaban desestabilizar el orden democrático.
El comunicado oficial de la Cancillería ecuatoriana también sostiene que para que la CIDH cumpla con la promoción de la observancia y respeto de los derechos humanos, que asegure su imparcialidad, evitando el uso politizado y arbitrario del sistema, Ecuador considera necesario impulsar un diálogo que permita mejorar la relación entre la Comisión y los Estados, "con el objeto de revisar sus procedimientos a futuro".
Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas de octubre fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
El 22 de enero la asociación de familiares de víctimas de las protestas Inocencio Tucumbi anunció que presentará el próximo mes una denuncia penal contra el Estado por las presuntas violaciones a los derechos humanos y excesivo uso de la fuerza, y en caso de no ser escuchados, presentarán una demanda en un país latinoamericano o europeo.
