"Vamos a presentar la denuncia y luego de ellos esperaremos 30 días como máximo pues hemos esperado cuatro meses a que la Fiscalía actúe de oficio y no lo ha hecho (…) La demanda es por responsabilidad individual porque es un crimen de derechos humanos; si no recibimos respuesta acudiremos a la jurisdicción universal e iremos a un país de Latinoamérica o Europa", dijo a Sputnik Carlos Poveda, abogado de la denominada "Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi".
Poveda explicó que la demanda de responsabilidad individual "por crímenes graves al derecho internacional y a los derechos humanos" será contra la cadena de mando, que va desde el Presidente de la República hasta los ejecutores, policías y militares, pasando por los autores inmediatos, es decir quiénes estuvieron al mando de las operaciones.
"No hay justicia para las víctimas de la protesta social; y es lo que clamamos: justica, derecho a la verdad, a la reparación; esperamos la desclasificación de la información", señaló Poveda.
El 20 de enero, el presidente Lenín Moreno cuestionó enérgicamente el anuncio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) de demandar al Estado por los presuntos excesos de la fuerza durante las manifestaciones pasadas.
El primer mandatario señaló que, en 40 años de democracia, Ecuador nunca había presenciado un hecho de tal magnitud, al referirse a los actos de violencia durante las protestas.
"Las víctimas aún estamos aquí; por más que intente borrarnos (el Presidente) de la memoria, no va a poder; vamos a responder siempre a sus intervenciones sin razonamiento", enfatizó.
Vanesa Olovacha, hermana de otra víctima del paro, refiriéndose al Presidente Moreno dijo que "la búsqueda de paz no puede estar acompañada de un tono intimidante, amenazante, displicente; acá estamos las víctimas de 11 días de indignación nacional que usted se olvida".
Olovacha agregó que durante las protestas fueron reprimidos con caballos, perros, motocicletas, tanquetas, balas de goma, perdigones, bombas lacrimógenas caducadas.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre, hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.