Gobierno boliviano se esfuerza por bloquear ley de derechos humanos impulsada por el MAS

LA PAZ (Sputnik) — El gobierno de facto de Bolivia anunció que hará una consulta al Tribunal Constitucional (TCP), como recurso extremo para bloquear la "Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos", sancionada por el parlamento, que reafirma la protección a dirigentes sociales y el derecho a la protesta.

"Vamos a hacer la consulta apenas llegue esa ley acá (al Ejecutivo) al Tribunal Constitucional para que nos diga si es una ley que debiera ser aprobada o es una ley que prácticamente ya la establece la Constitución Política del Estado y, por lo tanto, tiene que ser rechazada", dijo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez.

La ley quedó sancionada y lista para la firma presidencial luego de que la Cámara de Diputados aprobara el martes el proyecto que el Senado había votado el viernes pasado.

El gobierno de Jeanine Áñez anunció previamente que vetaría esa norma, impulsada por la amplia mayoría parlamentaria en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales, aunque eso no impediría que la presidenta del Senado, Eva Copa, la promulgue tras el plazo constitucional de diez días.

Núñez reiteró el criterio gubernamental de que la ley daría impunidad a Morales y a otros dirigentes de las protestas tras el golpe de Estado de noviembre pasado, varios de ellos acusados por las actuales autoridades de sedición y terrorismo.

"Consideramos que es una ley innecesaria, inconstitucional; la misma Constitución Política del Estado garantiza los derechos de los ciudadanos, no se tiene porqué hacer una nueva ley", insistió.

Añadió que el veto presidencial a la "ley de cumplimiento", que el gobierno califica como "ley de impunidad", podría ser aplicado en función de la respuesta que dé el Tribunal Constitucional.

Por separado, el senador Óscar Ortiz, líder de la minoría parlamentaria que respalda a Áñez, anunció que presentará ante el TCP un recurso directo de nulidad de la polémica ley.

La senadora Copa insistió este miércoles en que la ley "no tiene ni una palabra a favor de la impunidad de nadie" sino que "reafirma derechos básicos a las protestas, a la libertad de expresión, a la seguridad de los dirigentes y al resarcimiento de daños a las víctimas de la represión gubernamental".

Aseguró que el proyecto se adecúa al pacto de pacificación firmado a fines de noviembre entre el gobierno de facto y los sectores leales a Morales y fue redactado en consulta con organizaciones sociales y con organismos internacionales.

La ley ordena protección contra "acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por los acontecimientos políticos" de la crisis de octubre y noviembre pasados.

Esa crisis, que incluyó la caída de Morales y la autoproclamación del gobierno de Áñez, dejó 29 muertos y 30 heridos según las actuales autoridades, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó al menos 36 muertos y más de 800 heridos, atribuyendo la mayor cantidad de los decesos a la represión policial y militar posterior al golpe.