"Para quienes estuvimos en el país, quienes lo vimos con nuestros propios ojos, quienes sabemos qué es lo que pasó, es un informe que tiene un sesgo (…)", afirmó la ministra en una entrevista con la cadena radial Sonorama.
"Que sea capaz de tener un informe con neutralidad", enfatizó Romo.
Según la ministra, en el informe que el martes hizo público la CIDH no se habrían contrastado suficientemente todas las versiones recabadas durante la visita que este organismo realizó al país luego de las manifestaciones de octubre.
El martes la CIDH en su informe sobre su visita a Ecuador, entre otras cosas, instó al gobierno ecuatoriano a que investigue y sancione a los responsables de la violencia y excesivo uso de fuerza durante las manifestaciones de octubre pasado, y pidió establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
Romo añadió que no todas las personas fallecidas durante las protestas pueden atribuirse a responsabilidad del Estado y que no todos fueron indígenas.
"Ese es otro sesgo de la CIDH porque está privilegiando a un sector; tal vez una visita de tres días no es suficiente", sostuvo la ministra.
Romo también cuestionó el equilibrio de la CIDH para realizar varias recomendaciones al Estado ecuatoriano, al tiempo de puntualizar que se debe debatir el rol de estos organismos, a los cuales, según dijo, el presidente Lenín Moreno devolvió la autoridad y el respeto que les corresponde.
La CIDH solicitó en dicha ocasión a Ecuador que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glas, implementando las más apropiadas a las circunstancias personales y que permitan crear las condiciones que aseguren y respeten sus derechos.
La ministra informó que el Ecuador responderá a la CIDH en los plazos legales, pero destacó que las medidas no obligan al Estado a obrar como piden los defensores de Glas, esto es sustituir la cárcel por prisión domiciliaria y el uso obligatorio de un grillete electrónico.
La CIDH dio un plazo de 15 días al gobierno de Lenín Moreno para la adopción de las medidas cautelares.