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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Las violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas, que incluyen tortura, desapariciones forzadas y abusos contra migrantes, continuaron durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, según el informe de Human Rights Watch (HRW).

    El gobernante creó una Guardia Nacional integrada mayormente por militares y "ordenó su movilización para el control de la migración irregular", entre denuncias de abusos, sin embargo "la impunidad sigue siendo la norma", de esas y otras violaciones, señala un capítulo del Reporte Mundial 2020.

    "Migrantes que atraviesan el territorio de México frecuentemente sufren abusos y violaciones de derechos humanos y en algunos casos se ha señalado que estarían implicadas autoridades gubernamentales", acusó la organización.

    Por ejemplo, menciona que entre enero y septiembre de 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibió 599 quejas de abusos contra migrantes, que en su mayoría señalan a miembros de la policía federal.

    El informe detalla que en enero de 2019, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, empezó a enviar de regreso a este país a miles de solicitantes de asilo, mientras sus solicitudes se encuentran en trámite.

    El documento contabiliza que más de 40.000 solicitantes de asilo habían sido enviados de regreso desde el año pasado, "muchos hacia condiciones peligrosas e inhabitables, y con obstáculos importantes a la posibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa".

    El regreso obligatorio desde territorio estadounidense incluye a solicitantes de asilo con discapacidades u otras condiciones de salud crónicas.

    En junio pasado, EEUU amenazó con aplicar aranceles a productos mexicanos, a menos que México aceptara aumentar la cantidad de solicitantes de asilo regresados a su territorio, e interceptara a miles de migrantes en tránsito hacia la frontera sur estadounidense.

    En respuesta, la administración de López Obrador movilizó a más de 20.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional en sus fronteras para controlar la migración irregular, "una decisión que en la práctica, militarizó las fronteras de México", señala el documento.

    Militares continúan cometiendo abusos

    Además de que se siguen produciendo abusos contra migrantes, el informe también documenta ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos, que persisten las limitaciones en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y que la impunidad de los perpetradores, entre ellos militares, es casi total.

    Los expertos relatan que en los últimos años, los gobiernos utilizaron activamente las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia y la delincuencia organizada vinculadas al narcotráfico.

    La participación de militares en acciones de seguridad pública "ha llevado a que militares perpetraran violaciones generalizadas de derechos humanos", señala HRW.

    Por ejemplo, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, defensor del pueblo) recibió más de 4.600 quejas sobre presuntos abusos militares.

    Encuestas oficiales entre detenidos arrojan que casi dos de cada tres (64%) reportaron algún tipo de violencia física en el momento de la detención, incluyendo descargas eléctricas, estrangulamiento o asfixia.

    Entre 2013 y 2018, un total de 2.751 personas detenidas murieron en cárceles federales y estatales, según datos obtenidos por el Comité contra la Tortura de la ONU.

    Otro dato indica que, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Fiscalía General de la República (FGR) inició más de 9.000 investigaciones sobre tortura.

    La prueba de que esa práctica continúa es que, según la Fiscalía, su dirección general de Especialidades Médico Forenses intervino en 1.903 presuntos casos de tortura en 2019 y que la CNDH recibió 84 quejas de tortura entre enero y septiembre de 2019.

    El reporte reseña que un informe de 2018, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos declaró que cerca del 98% de los delitos cometidos en México quedan sin resolver, por "corrupción, falta de capacitación y de recursos suficientes, y la complicidad" de autoridades.

    La Suprema Corte de Justicia derogó la Ley de Seguridad Interior en noviembre de 2018, debido a que normalizaba la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, que los magistrados calificaron como "inconstitucional y violatorio de las obligaciones internacionales" del Estado mexicano.

    Sin embargo, López Obrador y su partido lograron en el Congreso una reforma constitucional para permitir a los militares colaborar en operaciones de seguridad pública "temporalmente", hasta el fin de su mandato en 2024.

    La ley de la Guardia Nacional, integrada en su mayoría por militares y dirigida por un general del Ejército, incluso permite que sus miembros participen en investigaciones penales y asuman actividades de inteligencia con fines "preventivos", puntualiza HRW.

    Etiquetas:
    derechos humanos, migrantes, México
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