"La embestida del presidente Bolsonaro contra las instituciones que velan por la aplicación de las normas ambientales está exponiendo a graves riesgos a la Amazonía y a quienes la defienden", expresó la directora de HRW Brasil, Maria Laura Canineu, según un comunicado de la organización.
Por otro lado, "no ha actuado contra las redes delictivas" que talan y queman la selva para dar lugar a actividades agrícolas y ganaderas, y que amenazan "a todos aquellos que se interponen en su camino".
La ONG sostiene que el Gobierno de Bolsonaro "debería dejar de socavar las protecciones ambientales en Brasil" y adoptar medidas más contundentes contra quienes destruyen la selva amazónica.
El informe destaca que el Gobierno de Bolsonaro ha debilitado las agencias ambientales de Brasil recortando presupuestos, destituyendo a administradores experimentados y limitando la capacidad de los agentes para actuar en el terreno, además de indicar que no cumplirá con los compromisos que asumió el país en materia de cambio climático.
La organización recuerda que una menor rigurosidad en la aplicación de las leyes ambientales pone en peligro a quienes defienden la selva y cita a los tres indígenas asesinados en noviembre y diciembre del año pasado o los 160 casos de deforestación, apropiación de tierra y otras ilegalidades dentro de territorios indígenas, según datos del Consejo Indigenista Misionario.
En el campo de la seguridad publica, HRW recuerda que Bolsonaro dijo que los delincuentes deberían "morir como cucarachas" y que envió al Congreso un proyecto de ley que trataría automáticamente las muertes provocadas por la policía o militares como acciones en legítima defensa (algo que finalmente no fue aprobado).
"Las normas internacionales de derechos humanos solamente permiten matar de manera deliberada cuando resulte necesario para proteger una vida", recuerda la organización.
En este sentido, el informe apunta que la policía de Río de Janeiro mató a 1.685 personas entre enero y noviembre de 2019, una cifra "sin precedentes", y subraya que los abusos policiales generan hostilidad en las mismas comunidades cuya cooperación la propia policía necesita para combatir la delincuencia.
El informe también cita otros problemas, como la violencia de género, "un problema crónico en Brasil", y lamenta que el Gobierno haya "tratado de socavar" medidas de prevención de la tortura, cuando intentó despedir a los expertos que integran el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura.
Finalmente, también recuerda que, en sus declaraciones, Bolsonaro ha hostigado a medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales y ha procurado limitar el acceso de niños y niñas a una educación integral en sexualidad.
