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    LIMA (Sputnik) — La ley que establece una ayuda económica para las víctimas indirectas de feminicidios no es clara respecto a su aplicación, que comenzará en un mes, dijo a Sputnik la presidenta de una organización especializada en el tema.

    El Gobierno de Perú emitió una norma el 8 de mayo en el que otorga una ayuda económica a las víctimas indirectas de femicidios, sin embargo la ley carecería de "claridad", dijo para Sputnik

    "El Decreto de Urgencia (DU) se publicó la semana pasada luego de que entregásemos una carta a la Presidencia y al Consejo de Ministros; faltan 30 días para que se conozca al detalle cómo se va a aplicar la norma, pero hay muchos aspectos que hacen que carezca de claridad", dijo a esta agencia Sandy Evangelista, presidenta de la organización Familias Unidas por Justicia: Ni Una Asesinada Más.

    El DU establece que el subsidio en favor de las víctimas no puede exceder al año el valor de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en Perú es actualmente 4.300 soles (1.290 dólares), explicó Evangelista, cuya organización tiene 21 casos de víctimas indirectas de feminicidios a su cargo.

    Sin embargo, la semana pasada la Dirección General Contra la Violencia de Género, oficina del Ministerio de la Mujer (MIM), indicó que la ayuda económica para los afectados sería cercana a los 300 soles mensuales (90 dólares).

    En la norma, advierte Evangelista, se indica que el monto "es otorgado de forma bimestral", por lo que esto sería incompatible con lo dicho por el MIM.

    Para la organización, el temor de que no se asista como corresponde a las víctimas indirectas radica en que si estas reciben un monto cercano a los 300 soles al mes, este llegaría a 3.600 soles al año, una cantidad "insuficiente" y lejana al tope de 4.300.

    "Si dividimos 4.300 soles entre 12 meses, son 358 soles mensuales, más de 300 soles, pero encima el monto se debe dar bimestralmente. Esto genera dudas y conociendo cómo se dan las leyes acá, lo más probable es que lo dejen en bimestral, cuando por lo menos debe ser mensual", dice la activista.

    Por otro lado, la ley establece que los beneficiarios de este subsidio son "las víctimas indirectas de un feminicidio, siendo estas toda niña, niño y/o adolescente quienes, a causa de un feminicidio hayan perdido a su madre, así como las personas con discapacidad moderada o severa que hayan dependido económicamente y estado bajo el cuidado de la víctima".

    "Esto nos preocupa porque hay muchos menores de 17 años que inician una carrera profesional y que perderían esta asistencia a los 18 años (mayoría de edad), sin contar con una madre o un padre que los apoye", indicó Evangelista.

    Asimismo, la norma indica que el subsidio para un discapacitado se le otorgaría solo hasta el momento en que consiga un empleo, lo que puede resultar "insuficiente" dada su situación precaria y de vulnerabilidad.

    Por lo pronto, la organización que preside Evangelista planea presentar durante esta semana una serie de demandas al Ejecutivo para despejar dudas sobre la norma.

    Según datos del MIM, en 2019 se cometieron 152 feminicidios y 208 menores de edad quedaron huérfanos por estos casos.

    Etiquetas:
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