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    BOGOTÁ (Sputnik) — La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia comenzará a investigar las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados, periodistas, congresistas y gobernadores, que fueron denunciadas por la Revista Semana, informó el fiscal general encargado, Fabio Espitia.

    "La fiscalía hoy comienza indagación en relación con estos hechos, como hay una mención a un general de la República, obviamente esto corresponde a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia", dijo Espitia en declaraciones a la prensa difundidas por su despacho.

    Las interceptaciones pudieron ser ordenadas por Nicacio Martínez, excomandante del Ejército, informaron distintos medios locales.

    El funcionario precisó que la investigación no se dirigirá de manera exclusiva contra Martínez, quien abandonó el cargo el pasado diciembre tras argüir motivos personales, "sino que se dirige contra las personas que en un momento determinado pueden estar incursas en una actuación irregular".

    Espitia también señaló que no tenía información sobre tales interceptaciones, y que solo supo de ellas tras las publicaciones de Semana.

    "La publicación que hace un medio de información el fin de semana es una información que la Fiscalía no tenía, pero esta mañana [13 de enero] me comuniqué muy temprano con el señor ministro de Defensa (Carlos Trujillo) y le pregunté si existía una investigación interna en el Ministerio sobre estos hechos y me dijo que sí, por lo que le pedí que me la hiciera llegar apenas hubiera resultados", dijo.

    Más temprano, en rueda de prensa, Trujillo anunció que su Ministerio realiza las investigaciones del caso y negó que el retiro de Martínez de la comandancia del Ejército esté relacionado con el caso de las interceptaciones.

    Según la Revista Semana, desde dos unidades militares, el Batallón de Ciberinteligencia y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información, se hicieron en el segundo semestre de 2019 interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas, congresistas, gobernadores y militares, entre otros.

    Tras un allanamiento realizado a una de esas unidades por orden de la Corte Suprema se encontró información relacionada con entidades públicas, grupos de abogados y defensores de derechos humanos.

    Etiquetas:
    investigación, ejército, Colombia
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