"El secretario general insta a las autoridades guatemaltecas a proteger los derechos y garantizar la seguridad del antiguo personal de la CICIG, así como de los operadores de justicia y defensores de derechos humanos que trabajan en apoyo del Estado de derecho en Guatemala", indicó Dujarric.
Añadió que Guterres había sido informado sobre la emisión de un informe del Comité del Congreso de Guatemala sobre la contribución de la CICIG para erradicar la corrupción y la impunidad en el país y confía en que el Gobierno respetará los privilegios e inmunidades del personal de la ONU bajo ley internacional.
Entre 2007 y 2018, la CICIG apoyó al Ministerio Público en la investigación de estructuras criminales infiltradas en las instituciones del Estado, y muchos de los casos procesados estaban estrechamente relacionados con violaciones de derechos humanos en el país.
En ese período, los tribunales guatemaltecos empezaron a dictar sentencias contra excomisionados militares, y miembros de la Policía y el Ejército, incluyendo sus altos mandos.
Con la llegada de Jimmy Morales al Ejecutivo, en 2015, comenzó un cuestionamiento a la labor del mecanismo implementado con apoyo de la ONU, y el 31 de agosto de 2018 el jefe de Estado anunció que no prorrogaría el mandato de la CICIG, que vencía en septiembre de 2019.
