"Al haber otorgado el salvoconducto, el Gobierno central confirma que la Revolución Ciudadana no fue responsable de la violencia ocurrida durante las manifestaciones de octubre; al no comprobar durante el tiempo que permanecieron en la embajada la supuesta conspiración golpista, se vieron obligados a aceptar el pedido del Estado mexicano", afirmó el partido en un comunicado.
La Cancillería reafirmó que Ecuador "regresó al orden democrático y respeta plenamente el ordenamiento jurídico nacional y sus responsabilidades derivadas del derecho internacional".
Por su parte, Revolución Ciudadana afirmó que el movimiento ha sido "víctima de una brutal persecución política" por parte del Gobierno de Lenín Moreno, quien buscó "desmantelar" el partido y "aniquilarlo políticamente" para impedir su participación en las próximas elecciones.
El partido de izquierda rechazó la actitud del Gobierno, quien demoró tres meses en otorgar el salvoconducto para que los líderes opositores llegaran a México.
"Esto comprueba, una vez más, la violación del Gobierno ecuatoriano a la institución del asilo político, consagrada en el derecho internacional (...) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cada vez más nos da la razón y de a poco se desmontan las mentiras del Gobierno", agregó.
"Detrás del discurso de persecución política está el interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son ahora procesados en órganos judiciales independientes", dice el informe oficial.
La administración de Moreno asegura que "la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso".
Durante las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia del país andino.
Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
