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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El gobernador de la provincia argentina de Mendoza (oeste), Rodolfo Suárez, anunció que no reglamentará las polémicas reformas introducidas por el legislativo provincial a la ley que regula la actividad minera en esa región y que el 24 de diciembre provocó una reacción popular reprimida por la policía.

    "Si no está el consenso social, no vamos a hacer absolutamente nada y la historia nos juzgará a los que hemos propuesto este cambio y a aquellos que, ocultos y mintiendo, están impidiendo esto", dijo Suárez en rueda de prensa, según publica el periódico local UNO.

    El gobernador, en tanto, convocó a un "debate genuino" y "serio" sobre esas reformas a actores como el arzobispado católico, las universidades, los sindicatos y los partidos políticos.

    "No queremos que los violentos ganen este debate por lo que vamos a convocar al diálogo", estableció.

    El 24 de diciembre, miles de personas se movilizaron en la provincia de Mendoza, ubicada en la ladera este de la Cordillera de los Andes, para exigir al Gobierno provincial que vetara las reformas de una ley que habilitan el uso de sustancias químicas en la actividad minera.

    La norma en cuestión es la 7.722 y las reformas liberarían a la industria para emplear cianuro y el ácido sulfúrico en sus métodos de lixiviación de las rocas, al tiempo que prohibiría el mercurio, elemento que ya casi no se usa.

    Las marchas habían comenzado el 22 de diciembre en la localidad de San Carlos, en el Valle de Uco, en el centro-oeste de la provincia; luego se fueron sumando integrantes a pie, en bicicleta, autos y camiones, pero al llegar a la casa de Gobierno provincial, la columna fue reprimida por la Policía con gases lacrimógenos y balas de goma.

    En la rueda de prensa de este 26 de diciembre, Suárez defendió la reforma a la ley, votada el 20 de diciembre anterior por amplia mayoría en la legislatura provincial, "pero aparentemente no tendría la legitimidad del pueblo y, si no la tiene, sepa el pueblo mendocino que no voy a hacer nada en contra del pueblo", explicó.

    Suárez agregó "que es mentira que donde hay una explotación minera hay contaminación" y aclaró: "queremos cuidar el agua y que haya trabajo de calidad".

    Asimismo dijo que existe la posibilidad de hacer una consulta popular vinculante aunque aclaró que no quiere llegar a eso y se inclinó por el lado del diálogo y el consenso entre los actores concernidos.

    Según la ley argentina, las cuestiones ambientales son patrimonio exclusivo de los gobiernos provinciales, quedando excluido el estado federal de la toma de decisiones, salvo en el caso del transporte de sustancias químicas por rutas nacionales. 

    Etiquetas:
    policía, minería, ley, Argentina
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