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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió cambiar la estrategia contra el narcotráfico "con abrazos, no balazos", pero los criminales no cesan de disparar y 2019 finaliza como el más violento en tres décadas de registros oficiales, con más de 30.000 muertos.

    "Los narcotraficantes están cuestionando a balazos la propuesta del presidente", dijo a Sputnik Alejandro Hope, analista en temas de seguridad y doctor en ciencias políticas de la Universidad de Princenton.

    El experto que se desempeñó como coordinador de "proyectos y análisis de temas que afectan la seguridad" del Instituto Mexicano de Competitividad respondió así a la afirmación de López Obrador sobre inseguridad, quien desde febrero proclamó que ya no puede hablarse más de "guerra contra las drogas".

    "La conclusión es al menos obvia, la guerra contra el narcotráfico sigue, a pesar de lo que se diga desde el Gobierno", recalcó Hope.

    El mandatario considera que la corrupción y la estrategia de guerra frontal, desplegando a las fuerzas armadas desde 2007 contra el crimen organizado, son las causas de la violencia indetenible, que cierra con elevadas cifras históricas.

    La estrategia de los gobiernos anteriores dejó en una década más de 300.000 muertos, más de 40.000 desaparecidos, más de 3.000 fosas clandestinas con unos 5.000 cuerpos, de los cuales solo fueron identificadas unas 200 víctimas, y solo un centenar devueltos a sus familiares.

    Al cierre del año, el jefe de Estado afirmó que la detención en EEUU de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el Gobierno del centroderechista Felipe Calderón (2006-2012), el 10 de diciembre pasado, acusado de recibir millones de dólares en sobornos del narcotráfico, es una "derrota del régimen corrupto" anterior.

    "Es una derrota de un régimen corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó, cuando las principales autoridades de la seguridad son sobornadas (…) no hay posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad", proclamó tras el anuncio del departamento de Justicia de EEUU.

    Tres episodios simbólicos de 2019

    Tres momentos pueden considerarse significativos en este primer año del sexenio de López Obrador, en lo que respecta a la estrategia contra el crimen organizado, señaló por su parte a Sputnik Francisco Rivas del Observatorio Ciudadano de Seguridad.

    El primero sería la decisión del presidente de suspender en octubre un operativo militar de captura en Culiacán (noreste) del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio.

    Frente a la inusitada respuesta de los narcotraficantes, que salieron armados con equipos antitanques y antiaéreos, con la amenaza de desatar un baño de sangre en la ciudad, el presidente ordenó liberar al heredero del Cártel de Sinaloa, y envió al titular de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval, a reconocer que fue un plan mal diseñado.

    "No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas", argumentó López Obrador.

    El operativo fue seguido por una sucesión de explicaciones incompletas y evasión de las responsabilidades.

    Tras ese intento fallido de demostrar autoridad ocurrió el asesinato de nueve integrantes de una familia mexicano-estadounidense (tres mujeres y seis niños), a comienzos de noviembre, en una carretera de Sonora, cerca de la frontera con EEUU.

    La familia le pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que designara a los cárteles narcotraficantes como "organizaciones terroristas" y el jefe de la Casa Blanca respondió entusiasmado que lo haría, incluso con la intención de intervenir militarmente en territorio mexicano para combatirlos.

    Pero el fiscal general William Barr llegó a este país a finales de este año para dejar la amenaza en suspenso cuando la repuesta mexicana fue "cooperación sí, intervencionismo no".

    Rivas advierte que "el Gobierno no está trabajando para disminuir el ingreso de armas, ni para desmantelar las estructuras económicas de la delincuencia, ni para combatir la corrupción, y tampoco para implementar mejores capacidades institucionales de seguridad frente a los cárteles".

    Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
    © REUTERS / Press Office Andres Manuel Lopez
    El tercer momento es el argumento gubernamental de que los criminales son víctimas como una explicación a que este país sea el más importante punto de tránsito hacia EEUU de la droga producida en Sudamérica, según las cifras de la oficina de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

    Los cárteles mexicanos han asumido incluso el control de la producción en países como Colombia, donde el Cártel del Golfo y el de Sinaloa se disputan el control de las zonas de cultivo de hoja de coca, insumo para el proceso de destilación del clorhidrato de cocaína.

    "Cuando se dice que los delincuentes son víctimas del modelo económico y se insiste en reaccionar con abrazos a los balazos, se pone en aprietos a la autoridad", alertó Rivas.

    La ineficiencia de la justicia y los altos niveles de corrupción e impunidad de gobiernos estatales y locales llega hasta la complicidad con los delincuentes.

    Según Falko Ernst, de Crisis Group, una organización especializada en análisis de seguridad, "cada vez más, en muchas regiones mexicanas el Estado tiene que negociar casi en igualdad de condiciones con los grupos criminales".

    Un informe enviado por el analista a Sputnik señala que "el cártel de Nuevo Laredo (noroeste), por ejemplo, prohíbe a las gasolineras de Nuevo Laredo vender combustible a vehículos militares o policiales".

    La consecuencia del poder armado del narcotráfico es que el número de asesinatos en diez meses del sexenio de López Obrador, de diciembre de 2018 a octubre de 2019, ascendió a 32.565 víctimas, es decir, 97 personas asesinadas todos los días, un récord histórico en cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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