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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México repitió en 2019 su papel como el peor escenario en América para la prensa, con al menos 10 periodistas asesinados pero la libertad de expresión se vio afectada además por el clima de polarización política y denuncias desde el Gobierno contra reporteros críticos del Poder Ejecutivo, según organizaciones gremiales.

    "A un año de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la violencia contra la prensa no ha cesado", dijo en una declaración entregada a Sputnik Ana Cristina Ruedas, directora en México de la organización especializada en la defensa del derecho a la libertad de expresión Articulo 19.

    Según el balance anual entregado la semana pasada por la organización Reporteros Sin Fronteras, los periodistas asesinados en México fueron diez este año, la misma cifra que Siria, del total de 49 casos registrados en todo el mundo.

    El número es superior para Artículo 19, que contabiliza 11 casos, y sube a 12 según un listado publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    Sea cualquiera de ellas la cifra exacta, lo cierto es que se trata de una cantidad de comunicadores muertos que refleja los riesgo de ejercer el periodismo en un país que no vive una guerra abierta declarada, señalan las organizaciones gremiales.

    "Hoy México sigue siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y esto debido a los altos niveles de impunidad. Hasta hoy, un año después, no hemos visto un cambio en la tasa de impunidad que sobrepasa el 99% en los casos de crímenes contra periodistas", indicó Ruedas a esta agencia.

    Estigmatización y agresiones

    Los asesinatos de periodistas son sólo la punta del iceberg, pues hay otras amenazas igual de contundentes como las denuncias contra periodistas a los que desde el Gobierno se señala como "chayoteros" (sobornados), en alusión a la palabra utilizada en la jerga mexicana para "chayote".

    La expresión coloquial se remonta a los tiempos del exmandatario Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), cuando durante una gira por el estado de Tlaxcala, entre los periodistas corrió la voz de un lugar "donde están regando el chayoye", que no se refería a la silvestre planta trepadora herbácea, sino al recibir los sobres con dinero que repartía un funcionario de la Presidencia.

    Esas denuncias hechas por el Gobierno contra "periodistas chayoteros" se multiplicaron en las redes sociales, en donde las acusaciones contra los reporteros fueron replicadas

    Los internautas organizaron campañas de desprestigio contra los comunicadores, que pasaron del campo virtual al físico.

    El pasado 1 de diciembre, durante el acto del primer aniversario de López Obrador frente al Palacio Nacional, un grupo de presuntos simpatizantes oficialistas agredió al periodista Irving Pineda, del noticiario de la cadena TV Azteca.

    Pineda fue increpado supuestamente por las preguntas incisivas que le formuló durante el año en las conferencias de prensa diarias, que a primera hora de la mañana concede López Obrador durante más de dos horas y que son transmitidas a través de la radio y sitios de Internet.

    Los agresores casi "llegaron a los golpes y los policías no se metieron", denunció Pineda ante López Obrador.

    "Una señora comenzó a gritarme 'chayotero' e insultarme por las coberturas que le doy a las conferencias matutinas del presidente", añadió el periodista, que recibió el respaldo del mandatario.

    La agresión en su contra no es un caso aislado.

    "Hemos visto en este año una nueva tendencia hacia la estigmatización del periodismo que incrementa los niveles de vulnerabilidad y riesgo a los que se enfrenta" la profesión, señaló la directora de Artículo 19.

    En mayo pasado, López Obrador anunció que su Gobierno disponía de un listado de 36 periodistas que habían recibido millonarias sumas en sobornos durante la administración de su predecesor Enrique Peña Nieto (2012-2016).

    El presidente dijo que no se iban a divulgar sus nombres pero unos días más tarde el listado fue publicado por el diario Reforma e incluía a varios comunicadores de prestigiosos medios, los cuales reaccionaron indicando que los pagos correspondían a pautas publicitarias.

    "El poder de los medios en México no se puede separar de la política, la mitad del presupuesto estatal para publicidad oficial se asignó a sólo diez de los grupos de medios analizados en este estudio", sostiene el documento divulgado a comienzos de diciembre.

    La publicidad estatal llegó a sumar 500 millones de dólares en 2018, se encuentra concentrada en unos pocos conglomerados, sostiene Reporteros Sin Fronteras en un estudio entregado a comienzos de diciembre sobre el comportamiento de la pauta en cuatro países latinoamericanos: México, Argentina, Colombia y Brasil.

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