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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Los pueblos originarios de América Latina volvieron a ser masacrados durante 2019 en protestas que tuvieron lugar en Bolivia, Ecuador y Colombia, y que estuvieron fuertemente marcadas por la discriminación étnica.

    "La principal noticia de este 2019 es que el racismo ha vuelto y lo ha hecho con mucha más fuerza y más impunidad, y el racismo mata; las masacres han sido racistas, los escarmientos han sido racistas, las humillaciones han sido racistas, y patriarcales porque han partido del cuerpo de las mujeres", dijo a Sputnik la militante feminista indígena de Bolivia, Adriana Guzmán.

    Una vez que se apagaron los fuegos que devoraron miles de hectáreas de bosque nativo en la Amazonía y la Chiquitanía, los pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Colombia y Brasil se han visto envueltos en violentas protestas en las que han sido protagonistas y, una vez más, mártires.

    Guzmán fue una de las tantas indígenas que se manifestaron contra las fuerzas policiales del Gobierno de facto boliviano, presidido por Jeanine Áñez, protestas que, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tuvieron un saldo de 36 muertos y más de 800 heridos.

    "Los ataques a las mujeres de pollera [indígenas bolivianas] no comienzan el 20 de octubre [día del comicio electoral fallido], sino que vienen desde el año pasado, desde la plataforma 'Bolivia dijo No' y hay muchas denuncias de mujeres que han sido golpeadas y pateadas por estos jóvenes que decían bloquear las calles en defensa de la Democracia", manifestó Guzmán.

    Los pueblos indígenas de Bolivia tuvieron participación solo en la última etapa del conflicto político de octubre y noviembre, cuando el golpe contra el presidente indígena Evo Morales ya estaba consumado.

    Aimaras y quechuas de las regiones andinas protagonizaron masivas y en casos violentas marchas y bloqueos en defensa de la wiphala, multicolor bandera indígena tradicional que la Constitución promulgada por Morales había elevado al rango de símbolo nacional, a la par de la bandera tricolor oficial.

    Esas protestas fueron activadas tras incidentes en los conflictos, en los que policías retiraron de sus uniformes la wiphala y manifestantes derechistas quemaron esa bandera.

    Las movilizaciones luego arrancaron pedidos de perdón de la Policía, que organizó varios actos de desagravio a la bandera indígena, como parte de los esfuerzos de pacificación del país tras el cambio de gobierno.

    Hoy esperan el nuevo proceso electoral, en el que podrían volver a ser factor decisivo por su gran peso en el padrón, en el que representan a casi la mitad de los votantes sin contar a indígenas y campesinos que emigraron a las ciudades.

    ​A mediados de 2019, los incendios forestales en la Chiquitanía de Santa Cruz (este) y la creciente campaña opositora contra el entonces intento de reelección de Morales provocaron el surgimiento de divisiones entre las organizaciones indígenas principales que apoyaron la gestión gubernamental de ese desastre y grupos menores, especialmente de las regiones afectadas, que asumieron una actitud crítica.

    Decenas de indígenas de la Chiquitanía marcharon centenares de kilómetros hasta la ciudad de Santa Cruz, en protesta contra las políticas gubernamentales a las que denunciaron como agravantes de los incendios anuales, pero su reclamo terminó casi desapercibido porque coincidió con el estallido del conflicto político nacional.

    "Este 2019 también nos deja a los originarios con muchos dolores y cuestionamientos, porque también es cierto que estaban debilitadas las organizaciones por las disputas internas que había cerca del Estado, confrontaciones que genera el poder de un estado patriarcal más allá del gobierno que esté de turno", opinó Guzmán.

    Ecuador

    Integrantes de los pueblos originarios abriendo una calle de honor en plena ciudad de Quito para despedir a dos compañeros fallecidos en enfrentamientos con la Policía es una de las imágenes más impactantes de 2019.

    Es con los indígenas con quien el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, tuvo que sentarse a negociar antes de dar marcha atrás con el decreto que originó las protestas de octubre que dejaron 11 fallecidos y 1.340 heridos.

    La historia de lucha de los pueblos indígenas de Ecuador es larga, en 1990 la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), la organización más representativa del movimiento indígena de ese país sudamericano, realizó su primer gran levantamiento en demanda, principalmente, de redistribución de tierras y educación intercultural bilingüe.

    Casi 30 años después, el pasado octubre, la Conaie movilizó a sus bases de todo el país, que llegaron a la capital de Ecuador pidiendo que se derogara el decreto con el que Moreno puso fin a los subsidios a los combustibles.

    María Pilleja, de 52 años, que ahora llora a su esposo Inocencio Tucumbi, quien falleció durante las últimas protestas, cuenta que se manifestaron "porque el dinero no alcanza; por nuestros hijos, por nosotros; pedíamos que no suban las cosas que nosotros necesitamos porque el trabajo en el campo es duro y las subidas de precios nos afectan mucho".

    María vive en Yanahurco, en la provincia de Cotopaxi, al centro de Ecuador; tiene siete hijos de entre 13 y 30 años, y espera ayuda del Estado porque "por este tiempo trabajo no hay fácilmente; no podemos sostenernos solo con la siembra de papitas, habitas, cebadita, maicito", lamenta.

    "No he recibido ninguna ayuda del Estado, nadie se ha comunicado conmigo. Yo espero que se haga justicia porque él vino a luchar por nuestros derechos, por los derechos de la comunidad, por los derechos de todos", agrega María.

    Colombia

    En Colombia, los pueblos originarios mantienen una presencia constante en las manifestaciones en contra del Gobierno y este 2019 no fue la excepción.

    En 2018 se reportaron 109 muertes violentas de miembros de comunidades indígenas, mientras que este año —hasta mediados de noviembre— había un reporte de 83 homicidios.

    En general, reivindican acuerdos pasados relacionados, de manera fundamental, con la distribución de la tierra y de aquellas zonas que ellos denominan ancestrales, pero que hoy en día permanecen en manos de privados.

    Tras la firma del Acuerdo Final de Paz (en noviembre de 2016) con la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las amenazas y asesinatos de líderes y miembros de las comunidades indígenas han llevado a que las voces de los pueblos originarios se alcen con más vehemencia contra el Gobierno central.

    En 2020, y de continuar dilatadas las negociaciones entre el Gobierno de Iván Duque y la sociedad civil, los indígenas serán un rival de peso, dado que se trata de 115 pueblos indígenas los existentes en Colombia, o sea, cerca de 1.905.000 personas, según el Censo 2018, el 4,4% de la población total.

    En concreto, las comunidades indígenas exigen que se cumpla el Acuerdo de Paz, cesen los asesinatos de líderes sociales y pare la violencia en las zonas rurales.

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