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    BUENOS AIRES (Sputnik) — Dos exministros del Gobierno de Macri, el de Producción y Trabajo, Dante Sica, y el de Agricultura, Ricardo Buryaile, fueron imputados por el fiscal federal Jorge Di Lello en una causa que investiga las supuestas maniobras fraudulentas en las que incurrieron para comprar votos a través de un subsidio para desempleados.

    "Imputaron al diputado Burayle y al exministro Sica por el manejo de un subsidio a desocupados", informó la agencia estatal Télam.

    Los dos dirigentes están acusados de intentar direccionar el voto de desocupados mayores de 18 años a través de un bono de 5.000 pesos (79 dólares) con vistas a las elecciones generales del 27 de octubre, en las que el expresidente Mauricio Macri (2015-2019) fue derrotado por el actual mandatario, Alberto Fernández.

    En su dictamen, el fiscal Di Lello pide a la jueza María Servini de Cubría, con competencia en lo electoral, diversas medidas de prueba para comprobar si el bono tuvo un uso discrecional y estaba destinado a la compra de fiscales.

    A instancia del fiscal, el subsidio llegó a ser suspendido por la magistrada antes de las elecciones para evitar influencias electoralistas, pero tras la celebración de los comicios, pudo ser cobrado por sus beneficiarios.

    A través de la resolución 1177 de la entonces degradada Secretaría de Trabajo, que no fue publicada en el Boletín Oficial, se implementó este subsidio que en casi un 50% recibieron fiscales que representaban a la alianza oficialista Juntos por el Cambio en la provincia de Formosa (norte), según la denuncia que presentó el abogado Williams Caraballo y que fue aceptada por Di Lello.

    En virtud de estos hechos, el letrado denunciante considera que la manipulación del subsidio pudo haber tenido por objeto la financiación ilegal de fiscales que se encontraban en una frágil situación económica.

    Sica fue imputado como ministro de Producción y Trabajo, mientras que Buryaile, como diputado de Formosa (norte), fue señalado como uno de los beneficiarios del uso discrecional de estos bonos.

    En su dictamen, el fiscal Di Lello también imputó a otros funcionarios, entre ellos el exsecretario de Empleo Fernando Premoli.

    El artículo 139 del Código Electoral pena con entre uno y tres años de prisión a quien "compeliere a un elector a votar de una manera determinada".

    La nueva gestión de Alberto Fernández asumió hace 12 días al frente del Poder Ejecutivo.

    Etiquetas:
    compra de votos, fraude, Argentina, Dante Sica, Ricardo Buryaile
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