El destino quiso que la panameña Gilma Gloria Camargo estuviera en suelo de Estados Unidos cuando las tropas de ese país iniciaron el bombardeo sobre Ciudad de Panamá, el 20 de diciembre de 1989. En aquel momento era estudiante de Derecho en la Universidad de Nueva York, aunque gran parte de su familia aún vivía en su país de origen.
"Pude comunicarme y se escuchaba toda la máquina militar pasando por encima, con mis abuelos tirados en el piso intentando protegerse", contó.
Camargo, que ya había sido dirigente estudiantil en Panamá, no se quedó quieta e hizo llamadas a otros lugares clave como hospitales y otros referentes sociales. Los contactos le permitieron comprobar que en su país se estaba viviendo un "caos". Sintió rabia al comprender que se encontraba residiendo justamente en el país que acababa de invadir el suyo:
"Sientes que estás contribuyendo con tus impuestos y tu presencia a lo que está sucediendo".
Las primeras horas de Camargo luego de enterarse del comienzo de la invasión adquirieron mucha más relevancia el 5 de octubre de 2018, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que la invasión de EEUU cometió violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la seguridad e integridad de las personas, así como el derecho a la propiedad y de protección a la infancia.
Camargo recordó que junto a Morín comenzaron a recopilar información sobre lo que estaba sucediendo dentro de Panamá. Junto a otras personas conformaron una delegación que estuvo durante una semana en los lugares bombardeados, donde llegaron a documentar unos 70 casos de violaciones a los derechos de civiles durante la invasión.
La denuncia ante la CIDH
De regreso a EEUU, el equipo comenzó a madurar la idea de presentar una denuncia internacional ante la CIDH sobre las violaciones por parte de las tropas estadounidenses y reclamando a ese Estado una indemnización de 250 millones de dólares por la reparación de los daños.
"La Comisión dijo, en un muy detallado informe, que mientras Estados Unidos estuvo en el control extrajudicial de la población en territorio panameño, cometió violaciones al derecho humanitario, a los derechos humanos y al derecho internacional", resumió la abogada.
Para Camargo, el reporte de la CIDH también es importante porque reconoce que durante los últimos años EEUU "ha obstruido las investigaciones" sobre la invasión a Panamá y avanza en solicitarle al país que investigue los hechos. Sin embargo, el último informe sobre el caso, publicado en 2018, advierte que "Estados Unidos no ha cumplido con las recomendaciones establecidas en el informe de fondo".
Pero además, para Camargo, el resultado del caso deja algo aún más valioso para los panameños: la oportunidad de que "el pueblo entienda lo que un grupo pequeño de panameños logró y comprenda lo que podría lograr si se reuniera para apoyar el proceso de implementación" de las recomendaciones de la Comisión.
En efecto, si bien el informe final fue favorable a Panamá, el proceso de implementación de las compensaciones económicas puede resultar muy complejo para sus habitantes. Camargo explicó que la parte panameña deberá actualizar y sistematizar toda la información sobre las secuelas sufridas por las familias afectadas por la invasión, de forma de cuantificar el daño que EEUU deberá reparar.
Camargo valoró la importancia de continuar difundiendo la sentencia no solo en Panamá sino a nivel internacional, dado que, según consideró, lo resuelto por la CIDH "abre la puerta a otros países del mundo de hacer peticiones similares". "Sienta un precedente de gran importancia histórica para los civiles en áreas de conflicto", concluyó.
