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    MOSCÚ (Sputnik) — La economía de Venezuela sigue sufriendo a todos los niveles el impacto de las sanciones estadounidenses, declaró la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

    "Mi Oficina recibió información que señala que el escrutinio estricto [over-compliance] del sector financiero derivado de las recientes sanciones económicas sigue impactando negativamente en la economía y a los servicios públicos a todos los niveles; se requiere mayor información oficial detallada para determinar el alcance preciso de las sanciones en la implementación de los programas sociales", dijo Bachelet en una sesión informativa del Consejo de Derechos Humanos.

    En este contexto, la alta comisionada abordó la situación en el estado de Zulia, en el noreste del país, que es uno de los más afectados.

    En Maracaibo, la capital, hay largas colas para comprar combustible, prolongados cortes de electricidad y, como consecuencia, inadecuado suministro de agua, dijo.

    "Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos", indicó.

    Ante esta situación "millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país", dijo.

    En cuanto a Venezuela en general, 4,7 millones de venezolanos ya se fueron del país, según la Plataforma de Coordinación de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

    El organismo estima que "el número llegue a los 6.5 millones al final de 2020".

    ​"La situación económica y social sigue afectando los derechos económicos y sociales; según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], en 2019 la economía sufrirá una contracción del 25,5%, alcanzando una pérdida acumulada del PIB del 62,2% desde 2013", expone alta comisionada en su comunicado.

    En los recientes meses, la situación acerca del abastecimiento de alimentos mejoró, según Bachelet, sin embargo, actualmente pocos venezolanos "con acceso a divisas" pueden permitirse comprar alimentos: los precios son altos, mientras la economía nacional sigue sufriendo "la hiperinflación y la dolarización de facto".

    "A pesar que en octubre el Gobierno decretó un incremento del 375% del salario mínimo, este ha perdido su poder adquisitivo frente a la canasta básica alimentaria en un 72,5% desde principios de 2019", puntualizó la alta comisionada.

    Ahora el salario mínimo en Venezuela cubre solo el 3,5% de la canasta básica alimentaria.

    "Reitero mi llamado a las y los actores políticos en Venezuela a retomar las negociaciones para alcanzar una solución a la crisis política y económica y devolver la esperanza a la población; mi Oficina sigue comprometida en contribuir a la mejora de la situación de los derechos humanos", expresó Bachelet.

    También subrayó la importancia de que su oficina obtenga "una presencia más amplia y consolidada" en Venezuela para avanzar la agenda de derechos humanos.

    ​Venezuela atraviesa una crisis política que se intensificó en enero pasado cuando el diputado opositor Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos y otros 50 países, se declaró "presidente encargado" del país, hecho que el Gobierno venezolano tildó de un intento de golpe de Estado.

    Desde entonces, Washington ha intensificado las sanciones a altos cargos del Gobierno de Maduro y ha adoptado medidas punitivas de carácter comercial y financiero.

    EEUU afirma que con esas restricciones económicas busca dejar sin recursos al Gobierno venezolano, aunque Caracas apunta a que las sanciones afectan a todos los venezolanos porque impiden la compra de medicinas y alimentos.

    Asistencia técnica en el ámbito jurídico penal

    La oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH tiene previsto brindar asistencia técnica a las autoridades venezolanas en el ámbito jurídico penal a partir del primer trimestre de 2020.

    "Hemos recabado información de los organismos de justicia, seguridad y sistema penitenciario, así como de la Defensoría del Pueblo, con el fin de proporcionar, a partir del primer trimestre de 2020, asistencia técnica en materia de prevención de la tortura, investigaciones de ejecuciones extrajudiciales y la situación relativa a los centros de detención preventiva", declaró Bachelet.

    Recordó que el 20 de septiembre firmó junto con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, una Carta de Entendimiento sobre la cooperación por un periodo renovable de un año.

    El documento también permite "la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela" y les otorga acceso a todo el territorio venezolano, incluidos centros de detención.

    "Mi Oficina agradece la apertura de las autoridades para revisar el nivel de avance en las investigaciones de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad y de las muertes en protestas de 2017", expresó la alta comisionada.

    En los últimos tres meses, el equipo de Bachelet realizó nueve visitas a centros de detención en Venezuela y entrevistó a más de 70 detenidos.

    En este contexto, Bachelet expresó su gratitud por la cooperación a los Ministerios de Servicios Penitenciarios y de Defensa, que gestionan estos centros, y solicitó visitar en el corto plazo "los centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar".

    "En el mismo periodo mi Oficina ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad [109 hombres y nueve mujeres], que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena", reveló.

    La información sobre estos casos, según la alta comisionada, fue transmitida al Comité de Coordinación Interinstitucional.

    Además, debatió el juicio a 17 personas por el intento de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que comenzó este diciembre.

    "En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia", recalcó Bachelet.

    Dada esta situación, urgió al poder judicial venezolano a garantizar a estas personas los derechos a un juicio justo y a la defensa, así como el principio de publicidad.

    Etiquetas:
    crisis, economía, salarios, Michelle Bachelet, Venezuela
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