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    SAN SALVADOR (Sputnik) — A los altos mandos de los bandos enfrentados durante el conflicto armado en El Salvador (1980-1992) les preocupa una ley contra la impunidad que los obligue a responder por sus crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, afirmó a Sputnik el escritor y exguerrillero Juan José Dalton.

    "Las cúpulas oficiales del Ejército y de la guerrilla están preocupadas porque tales delitos sean juzgados con todo el rigor de la ley", aseguró a Sputnik Dalton, quien denunció este año violaciones de los derechos humanos cometidos por la extinta Guardia Nacional contra su persona, cuando combatía en las Fuerzas Populares de Liberación.

    El hijo del poeta Roque Dalton, asesinado presuntamente por sus propios compañeros de armas, reaccionó así al reciente aviso presentado por el Instituto de Derecho Militar a la Fiscalía General de la República, para que fueran investigados los magistrados que declararon inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993.

    Un grupo de militares veteranos presentó la semana pasada el requerimiento para que la Fiscalía indague en acciones que en su criterio podrían constituir delitos, supuestamente cometidas por los magistrados Florentin Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Armando Pineda, por el referido fallo que revocó la Ley de Amnistía.

    "A muchos en ambos bandos no les conviene una Ley de Reconciliación que contemple el hacer justicia en casos de violación de los derechos de los prisioneros de guerra, como hicieron conmigo, o los crímenes contra población civil, gente desarmada, disidentes u opositores", estimó Dalton, director del periódico digital ContraPunto.

    Este debate llega días después de que la Corte Constitucional de El Salvador, presidida por el mencionado juez Pineda, concediera una última prórroga a la Asamblea Legislativa (Parlamento) para que presente una Ley de Reconciliación que cumpla con parámetros de justicia, verdad, reparación de las víctimas y no repetición de los crímenes.

    El tribunal de marras dio hasta el 28 de febrero próximo para que los diputados colegien y aprueben una ley que responda más a las víctimas que a los victimarios, y juzgue no solo a los ejecutores de los delitos tipificados, si no a quienes los ordenaron o hicieron la vista gorda.

    El proyecto Víctimas Demandantes (VIDAS), integrado por los impulsores de acciones legales para impedir la impunidad, rechazó en un comunicado la maniobra jurídica de los militares, la cual calificaron de "ilegítima".

    "Por un supuesto problema de forma, falso y por tanto insostenible, pretenden revertir el fondo del asunto: la legitimidad de la lucha contra la impunidad histórica que, desgraciadamente, tiene al país de rodillas ante la criminalidad y la violencia", denunció VIDAS en un comunicado público.

    Una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas determinó que el conflicto armado costó la vida a unas 75.000 personas, y aunque la mayoría de las violaciones de derechos humanos fueron perpetradas por el Ejército, la Guardia Nacional y los Escuadrones de la Muerte, también fueron documentados varios casos que fueron obra de la guerrilla.

    Etiquetas:
    Centroamérica, impunidad, derechos humanos, El Salvador
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