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    El cierre de la frontera sur mexicana al paso de la migración que va camino hacia EEUU es un proceso que inició en 2014 —con un acuerdo entre los entonces presidentes Barack Obama y Enrique Peña Nieto— pero que se consolidó con la llegada de Trump y López Obrador.

    Sputnik te explica cómo esto vulneró los derechos de miles de personas que han perdido la libertad y, a veces, la vida al intentar cruzar la enorme frontera vertical en que se convirtió México.

    Para cuando los tuits de Donald Trump encendieron las alarmas mundialmente en octubre de 2018 sobre una "invasión de criminales pasando como migrantes", el Programa Frontera Sur promovido por Obama como una respuesta a la llamada "crisis de los niños migrantes" en 2014 ya había alcanzado mínimos históricos de gente en un siglo que lograra cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.

    Las caravanas migrantes que comenzaron en marzo de 2018 deben entenderse como el intento de decenas de hondureños (en su mayoría) expulsados por la crisis política de su país de encontrar cómo sortear esa militarización de la ruta migratoria al norte, un proceso que multiplicó los crímenes cometidos contra migrantes por grupos armados uniformados y paramilitares.

    El último ajuste en este clima de carácter represivo que lleva al menos un lustro recrudeciéndose en el sur de México, fue convertir a la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, de ser una ciudad fronteriza y cosmopolita pero también pequeña y rural, en una cárcel a cielo abierto.

    "Pedimos al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que abra el diálogo y convoque a una comisión internacional para atender la situación de los migrantes en la frontera sur de México, con representantes de la sociedad civil", dijo a Sputnik el sociólogo Wilner Metelus, presidente del Comité ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos.

    "No podemos permitir que nuestros hermanas y hermanos haitianos y africanos permanezcan encarcelados en Tapachula, este trato discriminatorio debe terminar porque todos somos seres humanos. Urge un nuevo enfoque en la política migratoria de nuestro país para que México se abra a la solidaridad y recupere su imagen internacional", sostuvo.

    A esta situación crítica en la que más de 4.000 personas permanecen en Tapachula desde hace nueve meses se suman nuevas denuncias de centroamericanos desaparecidos en México.

    Sputnik consultó a algunas organizaciones de familiares de migrantes centroamericanos que llegaron a Ciudad de México junto a la XV Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, quienes tienen una dificultad doble para buscar a los suyos en México desde el exterior; las que denunciaron que siguió habiendo casos de migrantes desaparecidos durante el año que culmina.

    Más desaparecidos

    No hay una cifra oficial que indique cuántas personas nacidas en otros países están desaparecidas en México. El Movimiento Migrante Mesoamericano —la principal organización mexicana que trabaja en alianza con los comités de familiares de migrantes del norte de Centroamérica— estima que son al menos 70.000 personas.

    Como parte de su lucha por la justicia para estos casos, apelando a un paciente trabajo de visualización de la crisis que significan todos esos que faltan, y sobre todo a través de una búsqueda activa junto con las madres salvadoreñas, hondureñas, guatemaltecas y nicaragüenses en territorio mexicano, han organizado durante los últimos 15 años la Caravana de Madres Centroamericanas mediante la cual han logrado hallar a 315 personas que estaban viviendo en México y habían perdido toda posibilidad de contacto con sus familias durante años por los más diversos motivos.

    Lo que señalan estas mujeres con preocupación es que las desapariciones siguen ocurriendo. El Comité de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras que estuvo presente en la XV Caravana refirió a Sputnik haber recibido este año una denuncia por la desaparición de Marvin Antonio Navarro Canaca, originario de Vallecillo, en el departamento de Francisco Morazán, en el centro de Honduras.

    Marvin salió de su casa rumbo a Estados Unidos en mayo de 2019, dos meses antes de cumplir los 35 años y hasta el 9 de julio en que fue su última comunicación con su familia, estuvo viviendo dos meses en Caborca, estado de Sonora, en la frontera entre México y Estados Unidos.

    Otro de los casos denunciado fue la desaparición de Luis Fernando Orellana Henríquez, de 22 años, originario de Santa Rosa de Copán (Honduras) quien tuvo su última comunicación con su familia el 14 de junio de 2019, desde un lugar impreciso de México al que se refirió como 'la Ranchería'.

    Y esto, señalan las organizaciones de familiares de migrantes desaparecidos, es algo que se ha mantenido de manera continua durante la última década. Así lo prueba la desaparición de los hermanos Henrry Isaac (26 años) y Aldai Agsalon Martínez Martínez (21 años) que perdieron contacto con sus parientes en agosto de 2018. Su familia indicó a una de las organizaciones de familiares que registró su caso que cree haber reconocido el cuerpo de uno de ellos en una publicación web de la nota policiaca en México, donde se reportó el hallazgo de varios cadáveres en septiembre de 2019.

    Ante el aumento de crímenes graves contra migrantes en tránsito por México, la entonces Procuraduría General de la República (PGR, actual Fiscalía, FGR) creó en diciembre de 2015 una Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Ese año, la Caravana de Madres Centroamericanas llegó hasta sus oficinas en Ciudad de México a poner las primeras denuncias sobre la desaparición de sus hijos, ocurridas durante la última década pero que permanecían sin investigarse.

    Posteriormente, la PGR creó el Mecanismo de Apoyo Exterior mexicano de búsqueda e investigación (MAE) que funciona de manera itinerante por Guatemala, Honduras y El Salvador para recoger nuevas denuncias y presentar avances a las familias centroamericanas que han denunciado ante la justicia mexicana la desaparición de uno de los suyos. Sin embargo, ambos esfuerzos han resultado aún insuficientes dada la magnitud de la crisis soterrada que estos casos representan.

    Perder la vida y la libertad

    "Esta situación se debe a una falta de voluntad política. Estuve reunido con Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración adscrito a la Secretaría de Gobernación mexicana) con quien hubo un acuerdo de resolver en primera instancia el acceso a la atención en salud y alimentación de los migrantes haitianos y africanos que llevan nueve meses sin poder salir de Tapachula", explicó a Sputnik Wilner Metelus.

    El sociólogo denunció la muerte de Marie Lovelly Salomon, una joven haitiana de 31 años, por no recibir atención médica en Tapachula tras entrar en un cuadro de broncoaspiración en su casa, el 12 de octubre de 2019. Metelus informó que la familia recurrió al Hospital General de Tapachula para que enviara una ambulancia, pero que esta nunca llegó y que también recurrieron a la Cruz Roja que llegó horas más tarde, cuando la joven ya había fallecido.

    Por otro lado, Metelus denunció a Sputnik el reciente desalojo del Parque central de Tapachula.

    "El sábado, el 30 de noviembre, hubo un desalojo por orden del presidente Municipal de Tapachula, Oscar Gurría, en el que agentes del municipio le dijeron a los haitianos y africanos que debían salir del parque porque ese sitio es para los mexicanos", explicó el representante y agregó que los presentes fueron golpeados por la policía para obligarlos a abandonar el sitio.

    "Esto es un acto discriminatorio y no es la primera vez que el presidente municipal Gurría comete algo así contra los migrantes, a pesar de ser integrante de Morena (el partido del presidente López Obrador). Sus dichos se han sumado a manifestaciones de la sociedad civil contra las oficinas de la Comar, que exigen que salga del centro de Tapachula porque no quieren recibir allí a los migrantes", explicó Metelus a Sputnik.

    Este complicado panorama recibió a la 15 Caravana de Madres Centroamericanas que entró a México el 15 de noviembre y recorrió durante casi 20 días la ruta migrante, denunciando sus casos y buscando pistas de los que faltan.

    Durante la conferencia que las madres de la caravana dieron al llegar a Ciudad de México, Elizabeth Martínez, hondureña y madre de Marco Antonio Amador Martínez que está desaparecido en México desde el año 2014 relató a Sputnik cómo en Tapachula recibieron mensajes de odio de algunos pobladores y relacionó esto directamente con una política migratoria que está dictada desde afuera del país.

    "Pedimos a México que ya no siga maltratando a los migrantes, que los dejen pasar, que abran la frontera. Pedimos que no estén fieles con Trump, que es una persona inhumana. Él es millonario y nosotros pobres, él no sabe las necesidades que el pobre pasa, ni por qué se viene de nuestros países", dijo Martínez durante la conferencia.

    "A nuestros migrantes los están tratando como mercancía, pero son seres humanos al igual que ustedes", concluyó.
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    EEUU, México, inmigración ilegal, migración ilegal, inmigración, migración, política migratoria
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