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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Uruguay lleva adelante distintas acciones para hacer frente a la violencia contra las mujeres, incluso mediante una ley integral que sin embargo no se aplica por falta de recursos, señala la sociedad civil.

    "El próximo Gobierno debe presupuestar la ley; en el único rubro en el que los políticos piensan que la violencia se acaba sin poner un peso es en este, cuando la violencia es en el deporte compran cámaras, ponen policías, en salvar la vida de las mujeres no se gasta dinero", dijo a esta agencia la integrante del colectivo feminista Cotidiano Mujer, Soledad González.

    En Uruguay se registran 108 denuncias de violencia de género por día, según los últimos datos estadísticos difundidos por el Ministerio del Interior.

    "Que haya tantas denuncias tiene que ver con que, en algún punto sí se avanzó en la visibilización del problema y las mujeres terminan yendo a denunciar buscando una solución, que no encuentran, pero por lo menos la buscan", dijo González.

    La activista observó que "en otras sociedades el tema es mucho más tabú y las mujeres no tienen ningún estímulo para avanzar en una denuncia, porque además se les puede volver en contra".

    La directora de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, dijo a Sputnik que uno de los primeros avances de esa cartera fue articular la respuesta a esas denuncias.

    En 2010 se creó un protocolo específico para el abordaje de las denuncias, que Zabaleta considera "muy importante, porque se dieron lineamientos claros y uniformes para todo el país, aportando además elementos para la evaluación del riesgo de la situación, acompañado de capacitación a los funcionarios".

    "En 2012 se implementó a nivel nacional el sistema de gestión de seguridad pública y a partir de allí comenzaron a aumentar la cantidad de denuncias que el ministerio puede rendir en cada comunicación pública de los datos", señaló.

    Así, las denuncias recibidas por el ministerio pasaron de 6.000 en 2005, a unas 40.000 este año, un aumento de más del 581%.

    Para González lo más importante en materia de prevención es la educación.

    "Es lo único que va a cambiar el chip de los hombres y de las mujeres, tanto durante los primeros años de vida, como en campañas de comunicación y sensibilización sobre el problema que debe hacer el Estado", sostuvo.

    Pero, si bien el Gobierno escuchó los reclamos de las organizaciones feministas, no los tomó en cuenta, según la activista.

    En lo que va del año se registraron 16 feminicidios y otros 15 intentos en este país de apenas 3,3 millones de habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

    Esto arroja un feminicidio o un intento de feminicidio cada 10 días.

    De los 16 casos, el 87,5% se cometieron en el ámbito íntimo y 12,5% en el familiar o sexual.

    En el 68,8% de los crímenes no existía una denuncia previa.

    Entre enero y octubre se registraron 32.721 denuncias por violencia doméstica, una cada 13 minutos.

    Para Zabaleta la principal causa de esta violencia es cultural.

    "Tenemos una cultura que es muy machista todavía, no hemos abordado el problema como país con la suficiente profundidad, pero no me refiero a las instituciones que están involucradas directamente, a partir de la ley integral del género (19.580) tenemos que exigir que todo el Estado se comprometa en el abordaje profundo de la temática", dijo la funcionaria.

    Evoluciones

    Zabaleta explicó que aumentó el número de unidades especializadas, que ya no están solo en la capital de cada departamento. Hay 56 distribuidas en todo el país, además de que se diversificaron los canales de denuncia a presenciales y no presenciales.

    Una de las medidas que implementa el ministerio desde 2013 es colocar una tobillera electrónica al agresor, que permite controlar su ubicación y, por otra parte, brindar un botón de pánico a la víctima.

    "Se pasó de 97 casos en 2013, a 940 casos conectados en lo que va del año, se ha dado un incremento muy grande", dijo.

    Esto permitió preservar la vida de las víctimas bajo esta protección "en el 100% de los casos", dijo Zabaleta.

    Más de 3.800 mujeres fueron protegidas de esta manera desde 2013, según el ministerio.

    Sin embargo, la cantidad de dispositivos es insuficiente.

    "Faltan tobilleras, hay mujeres que tienen custodia policial porque faltan alrededor de 300 tobilleras", dijo González.

    Políticas públicas y presupuesto

    En diciembre de 2018 se aprobó la ley integral contra la violencia de género.

    Pero organizaciones de la sociedad civil señalan que no le destinó el presupuesto necesario para su aplicación.

    "Lo único que se aplica de la ley son los capítulos que tienen que ver con modificaciones en los delitos penales, el resto de la ley nunca se aplicó porque no se le destinó ningún dinero, y si no hay presupuesto no hay política pública", dijo la activista.

    Los asuntos en los que más urgen los recursos son la creación de servicios de atención a mujeres en situación de violencia doméstica 24 horas los 365 días del año en todo el país y juzgados multimateria.

    Zabaleta coincidió en que falta presupuesto.

    "Uno de los factores que me preocupa muchísimo es el tema de los defensores para las víctimas porque son insuficientes; por supuesto que la demanda se incrementó mucho y nunca los recursos se destinan en la misma proporción, pero creo que en el caso de la defensoría está muy por debajo del resto de los recursos", indicó Zabaleta.

    Esto se debe a que "la víctima necesita una defensa que realmente conozca el caso y que pueda hacer la síntesis de toda la problemática y presentarla a la justicia, tiene que haber alguien que ayude a la víctima a transitar los distintos problemas, hoy la víctima queda bastante desorientada a veces con todo lo que tiene por delante cada vez que se judicializa su situación", explicó.

    González estimó que antes de que se realice la denuncia, se debería brindar asistencia psicológica y legal a las mujeres.

    "Si bien hay situaciones muy graves que no pueden esperar, lo primero que tiene que hacer una mujer antes de ir a hacer la denuncia a la policía, es consultar con personal especializado sobre su situación y pensar la salida estratégicamente con apoyo legal y psicológico, porque estas mujeres conocen al abogado de oficio dos minutos antes de entrar", criticó.

    Es crucial "tener previsto lo que se viene, porque los hombres violentos cuando son denunciados responden con más violencia, por eso lo más recomendable no es hacer la denuncia policial primero, aunque se haya instalado esa idea, sino consultar a un equipo especializado", insistió.

    Zabaleta dijo que el presupuesto debe ir también a la instalación de más juzgados de género.

    "Cierto reforzamiento para esos juzgados sería fundamental porque el flujo de trabajo es impresionante por el incremento de las denuncias, que siempre sí o sí van a los juzgados de familia y a veces al penal", dijo.

    González opinó que "el Poder Judicial podría reorganizar su sistema y destinar juzgados que no tienen casi actividad a juzgados especializados, pero no lo ha hecho y ha mostrado muy poco interés en facilitarle la vida a las mujeres, incluso cerró su oficina de género en marzo del año pasado", criticó.

    Zabaleta sostuvo que la división Políticas de Género del Ministerio del Interior tuvo en los últimos años un "apoyo importantísimo de las autoridades".

    Pero carece de presupuesto propio, "lo cual es siempre una amenaza, porque lo que sucede es que dependés del compromiso de las autoridades del momento, eso es una de las debilidades que tenemos", dijo.

    Existe cierta incertidumbre acerca de cuánto presupuesto destinará la nueva administración que asumirá el 1 de marzo encabezada por el presidente Luis Lacalle Pou.

    "No hemos tenido en estos años problemas con esto, pero tenemos que manejarlo como una amenaza", señaló Zabaleta.

    En 2018 fueron víctimas de feminicidios 3.529 mujeres en 25 países de la región, según informó en noviembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

    Etiquetas:
    mujeres, Uruguay, violencia de género
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