Gobierno boliviano anula decreto que movilizó militares en represión interna

LA PAZ (Sputnik) — La presidenta de facto boliviana, Jeanine Áñez, anunció la anulación del polémico decreto 4.078 del pasado 15 de noviembre que ordenó la participación de las fuerzas armadas en la represión de protestas antigubernamentales, liberándolas de responsabilidad penal.

"Después de una evaluación de los informes del gabinete ministerial y una vez que el gobierno nacional ha suscrito acuerdos con las organizaciones sociales y como consecuencia los conflictos en el país han sido levantados, hemos decidido abrogar el decreto supremo 4.078", dijo Áñez en una breve declaración en el Palacio de Gobierno.

Ese decreto, que dio paso a operaciones conjuntas de policías y militares que dejaron una veintena de muertos, había sido criticado duramente por organizaciones sindicales y vecinales del país, además de organismos internacionales de derechos humanos.

La presidenta de facto, aseguró que la pacificación del país ya había sido alcanzada y que ahora corresponde avanzar en la reconciliación, con miras a nuevas elecciones generales previstas para el próximo año.

Áñez firmó el decreto de militarización del control interno tres días después de autoproclamarse presidenta interina en sucesión de Evo Morales, quien dimitió el domingo 10, luego de tres semanas de protestas encabezadas por comités cívicos a las que se sumaron pedidos de renuncia de parte de las fuerzas armadas y la policía.

Sin mencionar a las víctimas fatales de la represión policial-militar, Áñez aseguró que el decreto "evitó mayores actitudes de vandalismo y confrontación" en las protestas provocadas por el cambio de gobierno.

Esas protestas, principalmente bloqueos de carreteras y marchas callejeras, concluyeron el 27 de noviembre tras un acuerdo entre el gobierno, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad de confederaciones campesinas, que siguió a acuerdos parlamentarios para poner en marcha un nuevo proceso electoral.

Áñez tampoco hizo referencia al compromiso que asumió su gobierno para impulsar en el parlamento una ley de protección de los derechos ciudadanos y de la actividad de dirigentes sindicales y sociales que participaron en las protestas.

Según la gobernante de facto, el polémico decreto logró la pacificación y dejó sentadas las bases para "llegar al momento histórico de la reconciliación".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo al día siguiente de la publicación del polémico decreto que esa norma desconocía los derechos internacionales sobre derechos humanos "y por su estilo estimula la represión violenta".

Una comisión de la CIDH estuvo en Bolivia hasta el 26 de noviembre, recogiendo testimonios e informes sobre la militarización del control interno y anunció que emitirá un informe en los próximos días.