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    La contradicción de Piñera que lo debilita aún más entre crisis y abusos en Chile

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    Los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch que confirman los abusos policiales contra manifestantes en Chile demostraron que la Policía "abrió la puerta" al crecimiento de la violencia en Chile, dijo a Sputnik el politólogo Daniel Grimaldi.

    Los informes de las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) que confirman las violaciones de derechos humanos por parte de la Policía chilena ponen al Gobierno de Sebastián Piñera "en una situación de mucha debilidad" y lo obliga a encontrar una solución al problema de la violencia, apuntó Grimaldi.

    Grimaldi, director del área de Ideas políticas, conflicto y cambio social de la Fundación Chile 21, advirtió que, a más de un mes del inicio de las movilizaciones sociales en Chile, se generó en el país suramericano "un clima de mayor violencia" abonado por la difusión de abusos policiales como el que sufrió el joven Gustavo Gatica, quien perdió la visión en los dos ojos producto de disparos de perdigones por parte de las fuerzas del orden.

    Mientras el sistema político chileno intenta consensuar la aprobación de medidas sociales para atender los reclamos, y se espera el posible inicio de un proceso de reforma constitucional, las calles chilenas son testigos del surgimiento de una "violencia delictual oportunista" por parte de grupos de personas que participan en saqueos o hechos vandálicos que ya no tienen motivaciones políticas.

    "Hay una especie de tormenta perfecta donde confluyen todas las violencias. No es que podamos separar 'esto es violencia delictual, esto es violencia política o esto es desobediencia civil', es que son todas a la vez porque abrimos la puerta a que se expresaran todas",  analizó Grimaldi.

    Si bien muchos de los actos de violencia provienen de sectores de la sociedad chilena tradicionalmente excluidos, uno de los factores determinantes para que exploten en este momento es la responsabilidad de la Policía en la forma de abordar la situación.

    En ese sentido, criticó que "a quienes le entregamos el monopolio en el uso de la violencia legítima hayan transgredido la legalidad".

    "Si el Estado y la Policía cruzaron la línea de la legalidad ¿qué queda para el resto que no tiene ese mandato?", se preguntó.

    Grimaldi puso énfasis en el "error" que significó para el Gobierno de Sebastián Piñera la forma en que actuó para controlar las manifestaciones: "La aplicación de la violencia legítima tiene que ser con sumo cuidado, con una inteligencia ingenieril y con un clima democrático".

    En lugar de eso, señaló, la fuerza  "se utilizó contra los manifestantes" y "dio paso a otro tipo de violencia social de clase".

    "Hay alguien que tiene la responsabilidad principal en esto y son los que tienen el uso legítimo de la fuerza, que transgredieron la línea de la legalidad y abrieron la puerta a esto", concluyó.

    Con Venezuela sí, con Chile no

    Grimaldi señaló que el informe de Human Rights Watch terminó de poner en un aprieto al presidente Piñera, ya que su cercanía con esa organización le impidió desestimar las acusaciones, tal como el Gobierno chileno había intentado hacer con las denuncias de Amnistía Internacional.

    El analista recordó que la primera reacción del Gobierno de Piñera fue intentar desacreditar el informe de Aministía Internacional, asegurando que el organismo no había solicitado información al Ejecutivo chileno y que, según dijo la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren, incluía "aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente".

    La situación cambió cuando se presentó el informe de Human Rights Watch, organización internacional de origen estadounidense a la que Piñera se había mostrado cercano cuando realizó un informe sobre la situación en Venezuela. "Existía por parte de Piñera una relación protocolar y algún grado de coordinación por el problema en Venezuela, es decir, en algún momento fueron aliados", recordó Grimaldi.

    Para el analista, el segundo informe "le adhiere un componente de complejidad a la capacidad de negociar del Gobierno, porque lo pone en debilidad y lo deslegitima". En ese escenario, la aprobación de nuevas medidas con el consenso de todo el sistema político se vuelve fundamental, consideró.

    "La única solución es el diálogo. Hay que hacer un reconocimiento de que la violencia superó los niveles aceptables y lo único que queda es un pacto general", remarcó el analista.

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