"La liberación de los detenidos es la primera medida que se ejecuta en el marco del acuerdo, que es un paso fundamental para reencaminar al país y al pueblo boliviano", dijo a reporteros el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.
El líder sindical y los principales dirigentes del Pacto de Unidad de confederaciones campesinas -uno de los principales soportes del pasado Gobierno de Evo Morales, firmaron en la noche del 25 de noviembre con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, el acuerdo que se había negociado desde el fin de semana.
El acuerdo, que dispone el cese de bloqueos y otras protestas contra el Gobierno autoproclamado el 12 de noviembre, tras la renuncia forzada de Morales, consolidaba el proceso de normalización de actividades en Bolivia iniciado el 24 de noviembre con la promulgación de una ley de amplio consenso para realizar nuevas elecciones.
Áñez parecía así cerca de completar la toma de control del país, tras la crisis política de cinco semanas que siguió a las ahora anuladas elecciones del 20 de octubre, que dejaron al menos 33 muertos, y centenares de heridos y detenidos.
Pero el ministro Murillo, un enconado rival político de Morales, admitió el 25 de noviembre que aún estaba lejos de alcanzar su objetivo de dar "caza" a todas las figuras importantes del pasado Gobierno, a las que persigue por sedición, corrupción y otros supuestos delitos.
Huarachi indicó que la comisión que gestiona la liberación de los manifestantes detenidos -al menos 400 según diversos medios- está integrada por representantes del Ministerio de Gobierno, la COB, el Pacto de Unidad, la Asamblea de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y observadores de organismos como Naciones Unidas y la Unión Europea.
Esos observadores asistieron a todo el diálogo que condujo al acuerdo del 25 de noviembre, así como a una negociación paralela de una ley amplia de pacificación, que prevé indemnizaciones a las familias de las víctimas de la violencia y garantías de no persecución a dirigentes sindicales y sociales contrarios al Gobierno.
En el convenio, el Gobierno se comprometió a garantizar el funcionamiento y el control estatal de las empresas estratégicas del Estado que fueron nacionalizadas o creadas por la administración de Morales y dar continuidad a los bonos sociales.
El acuerdo dispone además el repliegue de las Fuerzas Armadas, movilizadas por el Gobierno de facto para enfrentar las protestas sociales.
"Tenemos que mirarnos como iguales. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que jamás vuelva a ocurrir que bolivianos se enfrenten a bolivianos", dijo el ministro Murillo, según un comunicado oficial.
Tras divulgarse la firma del acuerdo, los sindicatos de cocaleros del Chapare anunciaron que decidirán el 28 de noviembre sin levantan los bloqueos en la carretera central.
