"La OEA, si lo solicitan, acompañará con criterios técnicos y las actividades necesarias para poder desarrollar lo antes posible esas elecciones", afirmó el diplomático en conferencia de prensa al cerrar tres días de diálogos sobre la crisis boliviana con autoridades y líderes partidarios y de diversos actores sociales locales.
Piza anunció que una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, iniciará el 22 de noviembre una investigación de los hechos de violencia del último mes, que dejaron al menos 32 muertos, la mayor parte en la primera semana de gestión de la presidenta de facto Jeanine Áñez.
La OEA tiene una larga historia de colaboración con el órgano electoral boliviano, incluyendo auditorías al padrón electoral en 2017 y a las elecciones del pasado 20 de octubre, que terminaron anuladas de hecho por presunto fraude.
"Más allá de las diferencias, una de la cosas que hemos oído mucho es que la pacificación puede ayudarse mucho con un proceso de llamado a elecciones; las elecciones pueden servir como instrumento para la pacificación, deben ser libres, transparentes, confiables y lo antes posible, con garantías para todos", dijo.
Añadió, coincidiendo con el criterio del gobierno de Áñez, que la fecha de las elecciones debería ser definida por el nuevo Tribunal Supremo Electoral en base a criterios técnicos.
Según fuentes parlamentarias, el Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente depuesto Evo Morales (2006-2019), que es amplia mayoría en las dos cámaras legislativas, planteó que los comicios se realicen el 12 de enero, diez días antes de la fecha constitucional de cambio de gobierno.
La bancada minoritaria que apoya al gobierno de facto sugirió en cambio considerar por razones técnicas una fecha posterior, lo que obligaría a prolongar la gestión de la presidenta de facto Áñez más allá del 22 de enero.
