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    La iglesia católica de Bolivia confirma "una negociación crucial" para atajar la crisis

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    Bolivia, bajo el nuevo Gobierno de facto de Jeanine Áñez (175)
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    LA PAZ (Sputnik) — La iglesia católica de Bolivia confirmó una negociación entre el Gobierno de facto y el partido de Evo Morales, con mediación de Naciones Unidas y la Unión Europea, para buscar una salida a la crisis política que ha dejado 23 muertos y más de 700 heridos en casi un mes.

    "El diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias, esperamos que a la reunión de esta tarde los actores políticos concurran con voluntad de pacificación y de apertura, por el bien del país", dijo en conferencia de prensa el obispo de El Alto, Eugenio Scarpellini, quien informó que la iglesia estará en las conversaciones.

    El diálogo se realizará bajo fuertes amenazas de represión a las protestas y hasta persecución de parlamentarios opositores con las que el Gobierno de Jeanine Áñez, que cumplirá una semana el 19 de noviembre, trataba de restablecer el orden y normalizar las actividades.

    Scarpelini indicó que las negociaciones tienen como objetivos centrales la pacificación y nuevas elecciones "transparentes y confiables", que deberían ser convocadas por el parlamento, controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales pero que el Gobierno de facto amenaza con llamar por decreto.

    "Todos, desde el expresidente [Morales] desde su lugar de asilo político, los demás actores políticos, los dirigentes vecinales, sindicatos, bajemos el tono de nuestras declaraciones para ayudar a pacificar el país, que las palabras sean en función de la paz y no de la confrontación", pidió Scarpellini.

    Fuentes del MAS dijeron a Sputnik que uno de los aspectos más difíciles de la negociación era el alcance del "carácter inclusivo" que deberían tener los próximos comicios.

    Mientras el MAS pretende que no haya restricción a la participación de partidos y candidatos, el Gobierno de facto no ocultó su intención de vetar tanto a ese partido como a su líder indígena por el supuesto fraude que llevó a la anulación de hecho de las elecciones del 20 de octubre pasado y la caída de Morales.

    El analista Vicente Guardia, investigador del centro de capacitación de líderes Comunidad Cívica de El Alto, dijo a Sputnik que "en puro derecho, la intención del Gobierno no tiene asidero porque no hay fraude comprobado ni proceso abierto, que tendría que llevarlo adelante un Tribunal Electoral que ahora no existe".

    La declaración del obispo Scarpelini fue seguida por una nueva amenaza del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, de encarcelar a parlamentarios del MAS, a los que dijo haber identificado como instigadores de las protestas que brotaron tras el cambio de autoridades en el ejecutivo.

    Murillo hizo ese anuncio al denunciar un supuesto plan de atentado contra la presidenta Áñez, del cual responsabilizó a un "grupo criminal" que actuaría en combinación con sindicatos leales a Morales en un "proceso de insurrección".

    Entretanto, la situación de anormalidad persistía particularmente en ciudades afectadas por creciente escasez de alimentos y alzas de precios, como La Paz, El Alto y Cochabamba (centro), por bloqueos que mantienen sindicatos campesinos, organizaciones indígenas y asociaciones vecinales que rechazan a Áñez.

    En La Paz y El Alto, donde las clases en escuelas y universidades continuaban suspendidas, el transporte era reducido debido a la escasez de combustibles por el cerco a la única planta de distribución de hidrocarburos de ambas ciudades.

    Las industrias de ambas ciudades y Cochabamba estaban ya hace cinco días semiparalizadas por una reducción de hasta un 50% en el suministro de gas natural desde los campos del centro y el oriente del país.

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    Bolivia, bajo el nuevo Gobierno de facto de Jeanine Áñez (175)
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