Sputnik conversó con el presidente del Comité ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos y te presenta sus reclamos.
"Es insuficiente la atención del Gobierno mexicano a los migrantes haitianos y africanos que están en Tapachula, aunque se ha comprometido a colaborar con los documentos, así como en su atención en salud y alimentación", dijo Wilner Metelus, investigador y sociólogo que preside el Comité ciudadano en defensa de los naturalizados y afromexicanos.
Metelus viajó a Tapachula para ingresar al centro de reclusión para migrantes, pero al llegar la encargada del Instituto Nacional de Migración mexicano en Chiapas, Carmen Yadira De los Santos, le dijo que no tenía permitido el acceso porque no había instrucción del Gobierno federal para dejarlo pasar.
"Había un acuerdo con Encinas para que entre a la estación migratoria y ver con mis propios ojos, pero no pude entrar a donde están los migrantes. El responsable en Tapachula me dijo que no tenía autorización del Gobierno federal", explicó Metelus a Sputnik.
La política migratoria de México cambió tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio en junio de 2019 que públicamente se presentó como una amenaza del presidente Donald Trump al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de imponerle aranceles a todas las importaciones que hiciera de su país si no disminuían la cantidad de gente que llegaba a pedir asilo a su frontera.
Una política "racista"
Al aceptar esta condición, México envió a la Guardia Nacional a su frontera con Guatemala para actuar como policía migratoria, construyendo un muro represivo que impide el libre tránsito de esta población migrante hacia el norte. Obligados por la fuerza a permanecer en Tapachula sin papeles, sin posibilidad de trabajar legalmente u obteniendo "pagos de hambre" por su trabajo, la frontera sur mexicana se transformó en una gran prisión a cielo abierto.
"Diariamente llegan entre 1.200 y 1.400 personas a iniciar sus trámites en las oficinas de la Comar y migración de Tapachula. A veces llegan un día antes y aunque pasan afuera 24 horas, igual no logran entrar", explicó Metelus para graficar la saturación que se vive en el sistema de asilo, incapaz de dar respuesta al flujo de gente que recibe y que también satura Tapachula, por la prohibición de moverse que impone la política migratoria pactada con Estados Unidos. "Tapachula no tiene capacidad de dar trabajo a toda esta gente", señaló el experto.
Durante ese plazo, no reciben ayudas económicas ni de alimentación o atención en salud. A Metelus le preocupa la cantidad de niños y mujeres embarazadas que están en situación muy precaria, acampando fuera de la Estación Migratoria Siglo XXI como forma de protesta permanente o bien viviendo en la calle de la ciudad.
"Las mujeres embarazadas dicen que hay falta de atención en los hospitales y que tienen miedo de ir", explicó Metelus quien ha señalado que esta diferencia en el trato se debe a que México tiene una "política migratoria racista".
Su intención es solicitar una reunión directamente con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se busque una salida negociada en conjunto, como la política que se mantuvo durante dos meses al comienzo de su Gobierno y que legalizó la entrada al país de unas 18.000 personas a inicios de 2019.
