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Tres legisladoras de oposición investigadas por instigación en Ecuador

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QUITO (Sputnik) — Tres legisladoras opositoras de Ecuador están investigadas por instigación en las protestas de octubre contra la eliminación del subsidio a combustibles, dijo una de las afectadas a la prensa.
"Nos abren una investigación por el delito de instigación", dijo a perioditas la asambleísta Marcela Aguiñaga a periodistas, quien añadió que también están investigadas sus homólogas Marcela Holguín y Gabriela Rivadeneira, todas de Revolución Ciudadana, la fuerza política del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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La denuncia fue presentada por el ciudadano Manuel de Jesús Peñafiel en octubre pasado.

La fiscal general Diana Salaza inició una indagación previa ya que Aguiñaga, Rivadeneira y Holguín tienen fuero por su condición de legisladoras.

Según el Código Orgánico de la Función Judicial, en caso de una investigación preprocesal o procesal de los legisladores y otros altos funcionarios esta debe estar a cargo de la fiscal general.

Rivadeneira está desde el pasado 12 de octubre en calidad de protegida en la embajada de México en Ecuador.

Aguiñaga dijo que en la denuncia se cuestiona que las legisladoras hayan participado en una rueda de prensa en la que pidieron una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) para revisar el estado de excepción que había declarado el presidente Lenín Moreno para enfrentar las violentas protestas.

"¿Cómo es posible que la fiscalía se preste para esto?", inquirió la legisladora.

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Según Aguiñaga, la fiscalía está siendo utilizada como una "fuente de persecución política a aquellos que pensamos diferente al Gobierno de turno".

La legisladora añadió que ella y Holguín enfrentarán el proceso, señalarán domicilio y rendirán las versiones pertinentes.

En las movilizaciones y protestas de octubre en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de este país andino.

Según la Defensoría del Pueblo, fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta de que 42 ambulancias fueron agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.

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