18:34 GMT +309 Diciembre 2019
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    Paola Pabón, prefecta de Pichincha

    El abogado de prefecta ecuatoriana encarcelada acusa a la Fiscalía de actuación ilegal

    CC BY-SA 4.0 / Freddy eduardo / Paola Pabon
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La Fiscalía de Ecuador está actuando de forma ilegal en el caso contra la prefecta de Pichincha (norte), Paola Pabón, porque no hay evidencias contra ella y se filtran audios que no fueron compartidos con la defensa, dijo a Sputnik el abogado Ramiro Aguilar.

    "La Fiscalía en el caso de Pabón ha actuado de forma ilegal porque habla de pruebas que no existen y filtra audios (a los) que la defensa no ha tenido acceso. Se ha dañado el derecho a la legítima defensa", dijo Aguilar.

    Pabón fue detenida en un allanamiento a su domicilio el pasado 14 de octubre de 2019 y está acusada de rebelión a raíz de su papel en las protestas de inicios del mes pasado en Ecuador.

    Este 13 de noviembre la Corte Provincial de Justicia de Pichincha analizará el habeas corpus presentado por la defensa de la prefecta contra la orden de prisión, según explicó su abogado Aguilar.

    El habeas corpus es un recurso que tiene como propósito definir si la privación de libertad es constitucional o no, explicó el abogado.

    "Espero que hoy Paola salga libre; no hay ninguna razón para que, si es que no hay ninguna interferencia política y el juicio es limpio, Paola siga privada de libertad", señaló.

    Para que la justicia pueda dictar prisión preventiva primero tiene que tener elementos que evidencien de manera objetiva y material la existencia del delito, alegó.

    Además, tiene que existir el peligro de que la persona se fugue del proceso, agregó el abogado.

    "En el caso de Paola no existe un solo elemento material, ninguno, que demuestre la existencia de grupos armados que quieran romper con el orden constituido, desconocer la Constitución o de impedir las reuniones de la Asamblea Nacional; si no tienes un grupo armado, armas y provisiones, no puedes hablar de que existe evidencia del delito", reflexionó.

    Reiteró que no existen elementos que hagan presuponer que Pabón es partícipe del delito de rebelión, ya que no hay evidencia de que haya estado armada ni que haya participado de las marchas.

    "Si uno revisa el acta del allanamiento, no hay armas, sustancias estupefacientes como maliciosamente dijo la Fiscalía, no encontraron dinero, lo que se llevaron fueron celulares y documentos de archivo. Nada, absolutamente nada, que tenga que ver con la rebelión y la participación violenta en las manifestaciones", afirmó.

    Además de Pabón, su asistente Christian González y el exlegislador Virgilio Hernández, del movimiento político liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), también están detenidos y acusados del delito de rebelión.

    Según la Fiscalía dentro de la investigación contra los tres procesados constan escuchas telefónicas, revisión de chats ordenados por un juez de la Corte de Nacional de Justicia, posteos en la red social Twitter, así como una versión que se obtuvo en un allanamiento a la Prefectura de Pichincha.

    De acuerdo a la acusación, todos los procesados intervinieron en las manifestaciones con la finalidad de subvertir al pueblo y desconocer el orden constitucional.

    Por su parte, Aguilar dijo que si el Estado mantiene cautiva a Pabón por 60 días, ella pierde su cargo al que llegó por elección popular.

    "Paola está presa desde el 14 de octubre del 2019. Tenemos miedo de que sigan reteniéndola para que pierda su cargo; si hoy perdemos el habeas corpus, le van a impedir el ejercicio del cargo", agregó.

    A inicios del mes pasado, Ecuador se vio convulsionado por 12 días de violentas protestas en contra de la decisión de Moreno de eliminar los subsidios a los combustibles.

    Protestas contra el presidente Lenín Moreno en Ecuado
    © REUTERS / Daniel Tapia
    Durante las movilizaciones hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo y una serie de hechos violentos sin precedentes, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.

    Según la Defensoría del Pueblo, fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.

    Datos del Ministerio de Gobierno dan cuenta de 42 ambulancias agredidas, 435 policías heridos, 202 retenidos, 26 unidades de Policía Comunitaria destruidas y 108 vehículos policiales afectados, algunos de ellos incinerados.

    Etiquetas:
    ilegalidad, casos, crimen, fiscalía, Ecuador
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