"El Estado no ha cumplido los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; son siete años y los explosivos sembrados en nuestro territorio siguen debajo de la tierra, por eso este 13 de noviembre presentaremos una demanda en la Corte Constitucional", dijo Cisneros a esta Agencia.
Sarayaku es una comunidad indígena ubicada en la provincia amazónica de Pastaza, al este de Ecuador.
En 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable de haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad de la comunidad pues en la fase de exploración petrolera del bloque se sembraron en su territorio 150 kilogramos de pentolita.
En dicha ocasión la CIDH dio al Estado ecuatoriano un máximo de tres años para retirar la pentolita, pero esa disposición no se ha cumplido hasta el momento.
"La pentolita es un riesgo para la población; deben retirarla; nos hemos reunido con autoridades de alto nivel por varias ocasiones, pero la sentencia sigue sin cumplirse", enfatiza Cisneros.
El pueblo Kichwa de Sarayaku, conocido como el "pueblo del medio día" o "el río del maíz", vive en las riberas del río Bobonaza, en unas 135.000 hectáreas de territorios ancestrales, en plena selva amazónica ecuatoriana.
Los indígenas de esta comunidad esperan que la Corte Constitucional de Ecuador emita una sentencia que por fin obligue al Estado a retirar la pentolita que está bajo sus tierras.
