La intervención militar en Bolivia hiere la democracia, según organizaciones internacionales

Importantes organismos latinoamericanos e internacionales han manifestado su repudio al golpe de Estado en Bolivia, Sputnik te cuenta por qué.

El asedio de la oposición al Gobierno de Evo Morales —y al campesinado e indígenas que lo apoyan— a lo largo de las últimas semanas tras las elecciones nacionales del 20 de octubre resultaron en la renuncia del presidente aymará el 10 de noviembre, cuando denunció un "golpe cívico-político-policial" en Bolivia.

Entre los organismos que así lo entienden y que rechazan el golpe de Estado están el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y otras que no hablan de golpe de Estado pero piden nuevas elecciones y paz, como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

CLACSO fue determinante y condenó la injerencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la vida institucional: "Nada tienen que hacer el Ejército o la Policía en los problemas políticos de cualquier país. De los conflictos de la democracia se sale con más democracia, derechos y libertades y no con represión, violencia y persecuciones".

🇧🇴 El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) rechaza el golpe de Estado en Bolivia que obligó a la renuncia del Presidente constitucional en ejercicio Evo Morales Ayma y del Vicepresidente Álvaro García Linera.
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— CLACSO (@_CLACSO) November 11, 2019

​También rechazó toda injerencia extranjera que persiga la desestabilización en la región, y llamó a "preservar la vida de las bolivianas y los bolivianos, a que cesen los ataques y las persecuciones y a que se encuentre una solución pacífica y dialogada que, aunque sea trabajosa, se base en la voluntad de la mayoría del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia y de sus legítimas instituciones".

Por su parte, WOLA afirmó que, tras la culminación de "tres dramáticas semanas de agitación, se abrió el camino para una solución pacífica y constitucional a la crisis electoral que azota al país". 

#Bolivia must now organize fresh elections with new electoral authorities in place, along with ongoing international observation.

During this process, it's essential that political leaders refrain from rhetoric that fuels tensions and stokes animosities: https://t.co/3hDA9mFq5C

— WOLA (@WOLA_org) November 11, 2019

​Según la Constitución boliviana, en caso de renuncia del presidente y del vicepresidente, deberán haber elecciones en un plazo de 90 días. "Bolivia debe organizar ahora nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales, junto con una observación internacional permanente", manifestó WOLA.

La Oficina en Washington pide tener "un cuidado extraordinario para asegurar que esta resolución constitucional permanezca bajo el ámbito de los civiles: los militares no deben tener ningún papel político en una sociedad democrática".

WOLA considera que "los bolivianos tienen ahora la oportunidad de reconstruir la confianza en su proceso electoral y restablecer un cierto grado de paz social y coexistencia". "Tomar ese camino requerirá la buena voluntad y la moderación de todos los bolivianos; de los dirigentes políticos que opten por superar los intereses de sus propias facciones para actuar en el mejor interés del país en su conjunto; y el acompañamiento y la supervisión continuos por parte de la comunidad internacional", agregan.

El CEJIL condenó la "grave situación de violencia" y la "crisis política y democrática desatada por la renuncia forzada" de Morales, seguida de sus sucesores en el Gobierno. En Twitter el Centro aseguró que las denuncias de fraude electoral y las sucesiones de gobiernos "deben resolverse con apego a la Constitución y a los principios democráticos y no con la intervención militar".

#Bolivia Condenamos la grave situación de violencia que se vive en el país desde las elecciones y la crisis política y democrática desatada por la renuncia forzada del Pte Morales ayer, seguida de sus sucesores en el gobierno.

— CEJIL (@cejil) November 11, 2019

​La renuncia de Morales se produjo después de semanas de protestas y acusaciones de fraude electoral en torno a las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. En un esfuerzo por abordar la turbulencia política, el Gobierno de Morales invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a realizar una auditoría de la votación, y acordó que los resultados de esa auditoría serían vinculantes. 

Las conclusiones preliminares de la auditoría, anunciadas el 10 de noviembre por el organismo panamericano, invalidaron la votación del 20 de octubre y exigieron que se celebraran nuevas elecciones bajo los auspicios de una autoridad electoral renovada. En ningún momento se acusa al Gobierno de fraude electoral, sino que constataron una "manipulación informática".

Morales aceptó las recomendaciones de nuevas elecciones y cambio total de miembros del órgano electoral mediante acuerdo político, pero aseguró luego que no renunciaría de inmediato y que pretendía completar su mandato previsto hasta el 22 de enero de 2020. Sin embargo, la oposición continuó pidiendo la renuncia del presidente aymará y asaltó su casa y la de su hermana, también incendió viviendas de otros dirigentes. 

El mismo 10 de noviembre, Morales anunció su renuncia, así también lo hizo su vicepresidente, Álvaro García Linera.